La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán informó que hay serias deficiencias en las cárceles municipales de los 106 municipios del estado.
Destacó que entre las problemáticas que fueron encontradas están la falta de protocolos en las detenciones, carencia de servicios médicos; además, prevalecen condiciones de insalubridad en los centros de reclusión.
La institución pudo documentar esta situación por medio de visitas que realizó a las penitenciarías municipales de la entidad. También informó que en el 2019 emitió recomendaciones para subsanar las deficiencias en los centros penitenciarios.
En el 2014 emitió una recomendación general; sin embargo, luego de siete años ésta no ha sido subsanada en su totalidad y las condiciones de insalubridad, falta de protocolos y capacitación a los policías continúan.
Según se detalla en el informe fueron encontradas deficiencias en infraestructura, ventilación e iluminación, así como malas condiciones de las instalaciones sanitarias, que contribuyen al mal estado general que predominan en las celdas.
En la gran mayoría de las prisiones municipales no hay personal médico que realice las valoraciones médicas a las personas que por algún motivo ingresan a la cárcel, como conocer las condiciones físicas de las personas que son detenidas.
Asimismo, evidencian la falta de capacitación de los agentes respecto a los derechos de los detenidos, de las personas o grupos vulnerables, como adultos mayores, con alguna discapacidad y enfermedad física o mental.
El año pasado, por la pandemia no se realizó la visita a todos los centros de detención de la entidad; sin embargo, fueron recorridos 30 de los 106 municipios, donde se encontraron los mismos problemas.
Durante el 2021, personal del organismo inició las visitas a los centros de detención municipal. La Codhey destacó en su informe que el año pasado se interpusieron cinco denuncias ante la Fiscalía General del Estado, por la muerte de personas que fallecieron bajo custodia de las autoridades encargadas de seguridad.
Añadió que el año pasado se interpusieron 341 quejas calificadas como presunta violación a los derechos humanos, el 82.1 por ciento de las quejas admitidas fueron temas relativos a la seguridad pública y procuración de justicia, muchos de ellos cometidos durante la detención o dentro de una celda.
SY