La organización Kanan Derechos Humanos informó ayer que el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Yucatán, concedió la suspensión definitiva en el amparo promovido por habitantes mayas del pueblo de Chapab, en contra del Ayuntamiento, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Comisión Nacional del Agua y su Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán, por no supervisar y sancionar a la granja porcícola ubicada en dicho municipio y que se demostró, carecía de los permisos necesarios de carga y descarga de aguas residuales para su operación.
Roberto Sánchez Campos, representante de la organización, expuso que dicha granja, que pertenece a la “Unión de Aparceros Chapab” y “Productora Pecuaria de Yucatán”, cuenta con una producción aproximada de 50 mil cerdos y carecían de todos los permisos necesarios de carga y descarga de aguas residuales para su operación. Como consecuencia, durante el incidente de suspensión en el amparo, se demostró que se encontraba afectando al medio ambiente y agua del municipio.
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En este contexto, la Jueza Tercero de Distrito ordenó al Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y al Ayuntamiento del municipio de Chapab, que paralicen las operaciones de la granja porcícola. Explicó que esta medida cautelar es en tanto se resuelve el juicio que se lleva a cabo en ese juzgado.
Dijo que la medida de la juzgadora se tomó porque el sitio estaba operando sin los permisos para la descarga de aguas residuales, es posible que eso genere un daño irreparable al agua y medio ambiente de las personas habitantes de Chapab.
“La resolución es únicamente en tanto el juicio de amparo se resuelve, a manera de medida cautelar para evitar que los derechos de las personas se vean afectados de manera irremediable”, expuso.
Añadió que la comunidad indígena maya de Chapab lleva luchando unos siete meses desde que se interpuso el amparo el año pasado y surgió a partir de que los pobladores se dieron cuenta que el agua residual de la granja la estaban tirando a los montes de la comunidad y eso estaba generando la muerte progresiva de árboles y otras especies.
“La gente se organizó y decidieron emprender ya acciones jurídicas para defender su medio ambiente y su derecho al agua. Se mete este amparo desde diciembre, porque las autoridades no estaban protegiendo el medio ambiente”, señaló.
Narró que a inicios de año se les otorgó la suspensión provisional, pero el Juzgado puso como condición que la granja contara con todos los permisos y ahora que llega el momento de analizar la suspensión definitiva, resulta que la granja no los tenía y estaba operando sin contar con permisos para la descarga de agua residual.
“Esto suma a la discusión de la industria porcícola del Estado”, dijo.
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JG