120 granjas porcícolas que operan en Yucatán, sin permiso ambiental: Consejo Ciudadano

Teresa Denegre-Vaught, representante del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, señaló que en la entidad, de acuerdo con diferentes investigaciones y con informes de Greenpeace, hay unas 120 mega granjas asentadas en Áreas Naturales Protegidos o en zonas con política ambiental de conservación y la mayoría no cuenta con Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). Por lo anterior, indicó que hay un gran riesgo para las especies, al ecosistema y la salud humana por la grave contaminación que se genera y se deben cancelar. 

Lo anterior forma parte de un informe y propuestas, elaborado en conjunto con la Asamblea Socioambiental Peninsular, para entregar al Consejo de Cuenca de la Península (Conagua), y para que se integre al Plan Hídrico 2021-2024. 

Dijo que las autoridades deben revisar el cumplimento de la normatividad ambiental y verificar cuáles son estas mega granjas, para cancelar su permiso a la brevedad y esto ya lo tendría que estar haciendo los gobiernos Estatal y Federal.

“Hay muchos datos científicos, como los que proporciona el doctor (Francisco) Bautista, el informe de Greenpeace en el que se identifican las áreas naturales protegidas. Se destaca las que están en la Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes, donde hay 36 granjas, y la reserva es catalogada como una de las principales zonas de recarga del acuífero de la península de Yucatán, por ello un alto riesgo de contaminación por la filtración de sustancias como nitratos, que son bacterias que se producen por las heces y orina de los cerdos”, dijo.

Dijo que el establecimiento de las granjas en suelo no apto como el de Yucatán y además que estén en zonas naturalesprotegidas, es un doble riesgo, porque se supone que estas áreas están encaminadas a garantizar la permanencia de las especies y de los ecosistemas, para mantener un equilibrio ecológico, además es la recarga de los acuíferos y cuidar la diversidad genética de las especies silvestres, terrestres y acuáticas. 

“Por Ley, hay un principio precautorio que no se está aplicando, y se está violando; no hay estudios de seguimiento para la evaluación del impacto socioambiental y tampoco hay estudios de los conflictos en la población, en donde viven el ecoturismo y carecen de servicios básicos y se violan derechos humanos de los pueblos indígenas y se ponen en riesgo los ecosistemas y la biodiversidad del planeta de Yucatán”, comentó. 

Reiteró que se debe ubicar a las granjas que no tienen MIA y que están en áreas protegidas o de conservación y esta labor la deben realizar la Semarnat, Profepa, Conanp y la Conagua, en lo federal y en lo local la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). 

“Lo que pedimos es que revisen el cumplimiento de la normatividad ambiental, porque mientras sigan asentadas las mega granjas están violando todavía las leyes”, dijo. 

Además, se propone, para vigilar el cumplimiento de estas instancias, que se pueda crear una contraloría ciudadana que incluya a las comunidades mayas. 

Mencionó que recién se formó un observatorio de académicos en el que participa Eduardo Batllori, quien ha perdido toda la credibilidad, expuso, porque él fue quien autorizó, cuando estaba al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, muchas de las granjas que hay. 

Dijo que es prioritario que las autoridades ambientales hagan valer el principio precautorio, considerando que el daño ambiental es complejo y  cada vez hay más riesgo. También, que se brinde capacitación a instancias municipales para la gestión de fondos y el fortalecimiento de los encargados de operar los sistemas de monitoreo. 

“Pedimos una comisión de vigilancia desde la comunidad, con la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) y Conagua, para ir resolviendo problemas legales que hemos detectado, en el caso de aparcería de entre Kekén y los pueblos”, expuso. 

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Además, señaló que nunca se consultó al pueblo maya para la construcción de las mega granjas, “ahora hay una ola en las comunidades que empiezan a saber del riesgo” y por ello, dijo, a través de la Conagua se debe garantizar el cumplimiento de las consultas indígenas.

GH