La pobreza y la falta de acceso a los servicios de salud, particularmente en las poblaciones mayas, hacen que Yucatán sea uno de los estados donde más casos de muertes maternas y violencia obstétrica se presentan. De hecho, la entidad ocupó en el 2018 el lugar más alto en términos de Razón de Mortalidad Materna en el país, con 52.65 por ciento, valor superior al indicador nacional de 34.55 y actualmente el octavo estado con mayor porcentaje de carencias por acceso a servicios de salud, expuso Verónica Esparza Pérez, investigadora en Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Señaló que este tema es recurrente en el país, pero de forma particular en Yucatán; la variante indígena y la pobreza se cruzan con el fenómeno y, por ende, se da un alto número de casos de violencia obstétrica y de muertes maternas.
De acuerdo con datos recientes de la Secretaría de Salud federal, Yucatán suma en este 2021 un total 15 muertes maternas y ocupa el segundo lugar nacional en cuanto a Razón de Muerte Materna, con 81.4 por ciento, sólo por detrás de Sinaloa, que tiene 84.2. La media nacional es de 48.5 por ciento por cada 100 mil nacimientos estimados.
“Hablamos de un problema recurrente en todo el país, que se refleja en un alto número de muertes maternas, pero en el de Yucatán tenemos un caso particular que se cruza con el alto número de la población maya y la falta de acceso a los servicios de salud”, expuso en entrevista.
Comentó que se considera la violencia obstétrica como una forma específica de violencia contra las mujeres y se genera en el ámbito de los servicios de salud, tanto públicos como privados, a través de daños físicos o psicológicos a las mujeres que cursan un embarazo, parto o puerperio, y se manifiesta en la falta de acceso salud reproductiva, tratos degradantes o un abuso de medicalización, con la incapacidad de decidir de manera libre e informada.
“Hablamos de violencia física o psicológica, prácticas invasivas como la cesárea, esterilizaciones no consentidas, discriminación, lenguaje humillante, falta de información oportuna”, indicó.
Expuso que en México este tipo de manifestaciones contra las mujeres no son recientes, pero fue a partir del 2016, a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que se empezaron a generar datos y, de acuerdo con ella, 8.7 millones de mujeres que tuvieron un parto entre 2011 y 2016, el 33.4 refirió haber vivido maltrato por parte de quienes las atendieron.
“De esta encuesta, las manifestaciones más comunes fueron la práctica de cesáreas no justificadas; en el 42.8 por ciento de las que se realizaron, reportaron que el nacimiento fue por cesárea; el 10.3 por ciento reportó no haber sido informada y el 9.7 señaló que no le pidieron autorización, lo que es una clara violación a los derechos humanos”, señaló.
Expuso que, en el caso de Yucatán, los casos de violencia obstétrica y de muertes maternas se cruzan con el alto número de población indígena, la pobreza. Destacó que la entidad, de hecho, es el octavo estado con mayor porcentaje de carencias por acceso a los servicios de salud.
“En Yucatán la composición poblacional afecta; hablamos principalmente de los municipios indígenas. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey) ha documentado este tema e incluso emitió una recomendación general”, dijo.
En un informe de Salud Materna en Yucatán, GIRE señala que las cifras destacan factores como la situación de pobreza, la carencia de acceso a servicios de salud y derechohabiencia; las barreras que enfrentan las poblaciones indígenas, y la prevalencia de diferentes formas de violencia obstétrica hacia las mujeres.
“La realidad que vive el estado de Yucatán en términos de salud no puede pasar desapercibida: 22 por ciento de su población no cuenta con derechohabiencia a instituciones como el IMSS o ISSSTE, según los últimos datos del INEGI para 2020. Este es un retroceso grave, pues se acerca al 24 por ciento que carecía de estos servicios hace una década”.
“Además, entre 2002 y 2018, Yucatán registró 336 muertes maternas, y aunque 42 por ciento de estas fueron de mujeres que tenían acceso al entonces Seguro Popular, 28 por ciento de estos casos, es decir, más de una cuarta parte, no tenían acceso a ninguna forma de derechohabiencia del servicio de salud”, señala el texto.
Añade que Yucatán ha tenido una alta incidencia de factores de riesgo para el embarazo durante más de una década. Estos factores se agravan a partir de los rezagos en los programas de prevención y acceso a servicios de anticoncepción y planificación familiar.
“Yucatán no ha podido reducir el número de muertes por debajo de 10 casos anuales desde 2002. En 2018, la entidad registró 43.3 casos de fallecimientos por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto por cada cien mil nacidos vivos. El número es alto en sí, pero también supera la Razón de Muerte Materna nacional de 30.2 defunciones maternas en ese mismo año. Además, el número fue un aumento de 17.2 casos comparado con 2006”, se expone.
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GH