En los últimos 19 meses, en Yucatán las autoridades estatales y federales han abierto 144 carpetas de investigación por presuntos delitos cometidos por servidores públicos, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad.
Según datos que presenta el organismo, de esa cantidad 123 denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 21 en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Entre los 12 meses del 2020 y hasta julio de este año, se tiene un promedio de 7.5 denuncias al mes, una se presenta cada cuatro días, o lo que es un equivalente a que cada 96 horas se registra una. De esos 144 casos reportados, 117 se realizaron durante el año pasado (81.25 por ciento) y 27 este 2021 (23.07 por ciento).
Acorde con fuentes de ambas fiscalías, más del 80 por ciento de las denuncias son por presunto cohecho, razón por lo cual fueron remitidas a las unidades especializadas en la investigación de actos de corrupción.
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A su vez, en este aspecto, la Vicefiscalía especializada en el combate a la corrupción de Yucatán informó que este año ha puesto a disposición de las autoridades judiciales a 23 personas por presuntos actos de corrupción, así que este tipo de delitos no serían hechos aislados.
De ese número 19 son exregidores de las administraciones 2015-2018, de los ayuntamientos de Celestún y Progreso; entre ellos dos exalcaldes, quienes están bajo proceso penal.
En estos hechos, los jueces encontraron los elementos suficientes para someterlos a los implicados a proceso judicial y un eventual juicio para comprobar o descartar su responsabilidad en los hechos que se les imputan.
Según el código de la administración pública en materia de combate a la corrupción en Yucatán, los delitos de cohecho y peculado son considerados como no graves dentro del Código de Procesos Penales, por lo cual la prisión preventiva es no oficiosa. Las penas a aplicar van de los seis meses a 14 años de prisión.
De acuerdo con el código en materia de corrupción, la pena que se aplicaría será de seis meses o hasta los 12 años de prisión, cuando el monto de la afectación no supere los 44 mil 720 pesos; es decir, de uno a 499 Unidades de Medida de Actualización (UMA). Sin embargo, cuando la cantidad en cuestión supera las 500 UMA (44 mil 810 pesos) la pena se elevará de dos a 14 años de privación de la libertad y una multa que va de los 14 mil 170 pesos a los 21 mil 255 pesos.
En caso de que la persona acusada sea condenada tendrán que devolver el monto total de agravio, la cual quedará al resguardo del Estado, cuya cantidad será utilizada en programas sociales.
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JG