Tras la difusión de la existencia de un grupo en la red de mensajería Telegram que compartía imágenes y videos íntimos de jóvenes universitarias, la Anáhuac Mayab denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que atenderá a las víctimas e indagará la posible participación de alumnos.
Por su parte, la FGE, tras revelarse el caso de “violencia digital” que involucran a dos instituciones educativas abrió una investigación de oficio, con el número de expediente G8 258/2022, como parte de los protocolos que se establecen ante sospecha de un delito cibernético.
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En tanto, la Secretaría de las Mujeres entabló comunicación con las universidades para brindar asesoría legal y psicológica a las víctimas.
Aunque la autoridad confirmó que dos planteles están involucrados, ninguna otra institución se pronunció al respecto.
El departamento de Comunicación Institucional de la Anáhuac Mayab advirtió que, en caso de hallar responsabilidad de alumnos de su comunidad, serán expulsados y tendrán que responder, por su cuenta, ante la justicia.
Ayer, el conglomerado Sororidad Anáhuac denunció en sus redes sociales que un grupo en Telegram, creado en octubre de 2021, reunió a mil 280 personas que compartieron 3 mil 264 fotos y 481 videos íntimos de estudiantes de diversas universidades yucatecas. Tras viralizarse la información, cientos de usuarios abandonaron el chat.
La agrupación Uady Sin Acoso se unió al reclamo público porque hay alumnas de la máxima casa de estudios cuya privacidad también fue vulnerada.
“Nuestra postura es enérgica, categórica y firme, de cero tolerancia ante conductas que atenten contra la integridad y dignidad de nuestra comunidad y sociedad en general”, expuso Florangely Herrera Baas, directora de Comunicación Institucional de la Anáhuac Mayab.
“Hemos abierto una línea de investigación para saber si hay implicaciones de nuestra comunidad universitaria y, por supuesto, sancionarla”, expuso, y reveló que la pena máxima, en el ámbito académico, “es la expulsión definitiva” de quienes tengan responsabilidad.
Indicó que la postura de la Anáhuac Mayab fue hacer visible el hecho, pero sobre todo denunciarlo para que las autoridades pertinentes actúen en consecuencia.
“Nos pusimos en contacto con la Fiscalía General del Estado (FGE), que ya abrió una carpeta de investigación, para que a través de la Policía Cibernética investigue este caso. De esta manera, ya se podrá proceder penalmente contra los involucrados”, explicó.
Exhortó a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a compartir información, en caso de que tengan conocimiento de información al respecto. Para ello, se pueden enviar mensajes al correo electrónico: defensoria.uam@anahuac.mx.
Asimismo, destacó que la Defensoría Anáhuac “es un canal abierto para brindar asesoría, interponer quejas y denuncias, ante cualquier acto que vulnere la integridad”. El link de este servicio es: merida.anahuac.mx/defensoria-anahuac. También ofrecen un departamento de consejería y acompañamiento, con orientación psicológica (merida.anahuac.mx/vida/consejeria).
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se erradique un problema que es social. Es importante cuidar nuestra integridad y nuestra seguridad y con eso está comprometida la Anáhuac Mayab”, advirtió Herrera.
Solidaridad
La agrupación Uady Sin Acoso dejó entrever, en una publicación en redes sociales, que también hay estudiantes afectadas en esa universidad.
“Brindamos nuestro total apoyo y respaldo a las compañeras de la colectiva Sororidad Anáhuac, tras evidenciar públicamente una red de tráfico de contenido íntimo de carácter sexual…”, señaló el comunicado.
“Es responsabilidad de la Universidad el brindar las herramientas que garanticen los derechos de su comunidad estudiantil, por lo que nos sumamos a las peticiones de la colectiva Sororidad Anáhuac para que la Universidad Anáhuac Mayab… así como las autoridades de las demás universidades mencionadas, trabajen en la implementación de programas y protocolos funcionales de prevención, atención y erradicación de la violencia sexual, considerando la violencia digital, dentro de su comunidad universitaria, así como la investigación del grupo denunciado y sanción a quienes resulten responsables”, expuso el escrito.
Como se ha informado, con la aprobación de la Ley Olimpia, se establecieron sanciones, para quien incurra en delitos que atenten en contra de la intimidad de las personas, de tres a seis años de cárcel y multa de hasta mil UMAS, o poco más de 89 mil pesos al valor actual.
En el caso de Yucatán, existe desde el 2018 la tipificación del delito y establece que, para quienes difundan textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico y las revele, publique, difunda o exhiba sin consentimiento, a través de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o por cualquier otro medio, se le impondrá de un año a cinco años de prisión y multa de hasta quinientas UMA, unos 44 mil 810 pesos.
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JG