“Nuestra postura no ha cambiado y exigimos que se frene el despojo de tierras a ejidatarios yucatecos, así como la contaminación desmedida del hábitat en Yucatán”, declaró Pedro Quijano Uc, presidente del Frente Campesino por la Defensa del Agua en Yucatán.
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Tras la manifestación que el lunes pasado realizaron pobladores de Baca en el Tribunal Agrario de esta capital, para exigir que les sean devueltas las tierras que, afirman, son de su propiedad, Quijano Uc reiteró que el despertar de los campesinos y ejidatarios en el Estado es cada vez más claro y “da razones para ser optimistas”.
“Es que ya hay mayor conciencia y acción por parte de nosotros; somos quienes estamos marcando la pauta y además proponiendo crear, sentados a la mesa todos los sectores, políticas que provoquen que ganemos todos; no queremos sentarnos a la mesa para confrontaciones, sino para decisiones, en las que la agenda la hagamos todos, y en 2023 esa es la prioridad, y estamos seguros de que se podrá llegar a acuerdos”, afirmó.
Quijano Uc reconoció que parece existir voluntad por parte del gobierno federal para solucionar el tema del “despojo de tierras que sufren por parte de grupos inmobiliarios”, que, como en los casos de Dzemul y de Baca, son ejercidos por grupos empresariales que incumplen normativas, y se dijo confiado en que las acciones que han emprendido de manera pacífica, “impulsen un diálogo en el que la agenda y las acciones a realizar, no sean indicadas desde los sectores privado y público únicamente.
“Esa es la parte más interesante del tema y de los logros que aunque no parecen visibles, hemos logrado desde el Frente Campesino por la Defensa de la Tierra y de la Vida, porque habla de que los campesinos y los dueños legítimos de la tierra estamos llamando pacíficamente a todos los sectores, a un diálogo, y el mensaje es además muy claro; no estamos pidiendo ningún favor, estamos instando a quienes hoy están invadiendo lo que nos pertenece, a dialogar y a que escuchen nuestras prerrogativas, que deben ser los puntos prioritarios en la nueva agenda que al respecto se ejercerá en 2023, si es que aún desean obtener dividendos; no nos negamos a hablar y a llegar a acuerdos, pero somos nosotros los que elegiremos las condiciones, nadie más”, aseveró.
Agregó que no son ajenos a las luchas de poblaciones como Homín, Sitilpech y más de 50 municipios del Estado, que luchan por cerrar granjas porcícolas, y aseguró que los acompañan como parte de su tarea: Estamos hablando, no solo de las granjas porcícolas, también es tema a revisar con la industria avícola”, finalizó.
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AA