Granja porcícola de Homún ocultó información sobre contaminación del agua

A un año del cierre de la granja porcícola de Homún,  propiedad de Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), una empresa filial de Grupo Porcícola Mexicano, se siguen documentando los efectos negativos que ha causado al medio ambiente, en específico la contaminación de los cuerpos subterráneos de agua y el deficiente uso de las plantas de tratamiento.

Desde 2017, comenzaron a surgir los primeros señalamientos en contra de la granja porcícola, ya que existían indicios de que sus aguas residuales ya estaban contaminando terrenos de cultivos vecinos.

No solo eso, el juez que determinó la suspensión reveló que la planta de tratamiento de aguas residuales, que contemplaba el proyecto, no estaba terminada al momento en que la granja porcícola de PAPO comenzó a operar, además de no incluir la reparación del daño por la posible contaminación ambiental que provocó diversas irregularidades.

Finalmente, el 19 de mayo se cumplió un año desde que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia determinaron la suspensión a la megagranja.

Aunque la empresa intentó suspender la medida a través de una demanda de amparo, el 20 de abril, el juez segundo, Rogelio Leal Mota, consideró que en su momento las autoridades ambientales no realizaron la consulta a la comunidad indígena por la construcción del proyecto en Homún.

Operó sin acatar medidas ambientales

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) de Yucatán dio a la empresa Producción Alimentaria Porcícola S.P.R de R.L. de C.V. su autorización para la construcción de la granja porcícola, con capacidad de alrededor de 49 mil cerdos. De hecho, en el expediente número 006/2017, la dependencia estableció una serie de consideraciones para otorgar el permiso con vigencia de hasta un año.

En ese sentido, las autoridades de la SEDUMA determinaron en su autorización que Producción Alimentaria Porcícola debía “inspeccionar el área antes del inicio del proyecto”, “para detectar cenotes, cuevas o grutas que pudieran ubicarse en el interior del mismo”, ya que el predio donde se construyó la granja porcícola se encuentra dentro del anillo de cenotes de Yucatán. Y, en caso de detectar indicios de cenotes, la empresa debió avisar de manera oportuna a esa dependencia.

Al considerar la importancia de “conservar el frágil equilibrio ecológico de los ecosistemas interconectados con las aguas subterráneas”, la SEDUMA determinó que la empresa filial de Kekén debió tener “especial cuidado para evitar algún derrame de líquidos contaminantes, que pudieran infiltrarse al manto freático”.

Al mismo tiempo, la autoridad ambiental indicó a PAPO que debió “implementar un plan de emergencia en caso de accidentes por fugas o derrames de hidrocarburos o residuos peligrosos en el sitio del proyecto”. No obstante, han sido varias las denuncias que apuntan a la filial de Kekén como la responsable de la contaminación de suelo para cultivo, así como del agua de la zona.

¿A dónde fueron a parar las aguas residuales?

Desde 2017, comenzaron a surgir los primeros señalamientos en contra de la granja porcícola, ya que existían indicios de que sus aguas residuales ya estaban contaminando terrenos de cultivos vecinos.

Ante los problemas sanitarios que derivaron de la operación de la granja porcícola de PAPO, la comunidad de Umán, Guardianes de los Cenotes (Ka’ant Ts’onot) y el Grupo Indagación emprendieron acciones legales para suspender la actividad de la planta porcícola filial de Kekén.

Según la autorización emitida por la SEDUMA de la administración de Enrique Peña Nieto, se condicionó que antes de que el proyecto comenzara a operar “deberá realizar un estudio geohidrológico considerando un radio de seis kilómetros hacia afuera de los límites del predio propuesto, con la finalidad de identificar los flujos preferenciales de las aguas subterráneas y la valoración de la calidad fisicoquímica y sanitaria de las aguas, con referencia a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996”.

Además, de acuerdo con el documento emitido por la SEDUMA, el modelo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales de la granja porcícola de Homún, “debe contar con la capacidad adecuada de acuerdo al volumen de aguas residuales que se espera generar; y para su colocación, deberá implementar un sistema que garantice el aislamiento de la superficie del suelo a fin de evitar la contaminación del manto freático”.

Si bien, en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), no hay registros de títulos otorgados a la empresa Producción Alimentaria Porcícola, sí se detectó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto la persona moral Grupo Porcícola Mexicano, S.A. de C.V., o sea la empresa Kekén, obtuvo tres títulos para el aprovechamiento de agua en Yucatán, para extraer 2 millones 65 mil 446.64 metros cúbicos de agua al año, es decir dos mil 65 millones 446 mil 640 litros anuales.

Incluso, dos de los tres títulos de autorización que otorgó la CONAGUA, en el sexenio de Peña Nieto, permitieron a Kekén descargar un millón 149 mil 670 litros de aguas residuales por día, lo que al año representa al año 419 millones 629 mil 550 litros de agua contaminada con materia fecal proveniente de las granjas porcícolas, equivalentes a llenar 64.55 veces la Alberca Olímpica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuya capacidad es de 6.5 millones de litros.

Autorización condicionada

Por otro lado, la autorización condicionada que recibió la filial de Kekén indica que “las descargas de las aguas residuales deberán dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996”; la cual establece los límites máximos permitidos de contaminantes en las descargas de aguas residuales. Sin embargo, hasta ahora se desconoce con precisión a dónde iban a parar estas aguas, pues de acuerdo con lo señalado por el juez segundo, PAPO no había concluido su planta de tratamiento de aguas residuales cuando comenzó a operar la granja en Homún.

En ese contexto, la autorización condicionada que se le otorgó a la filial de Kekén, obligó a la empresa a reportar de manera semestral un análisis de la calidad de las aguas residuales, “a fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad correspondiente”, mismos que debieron ser realizados por “un laboratorio certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)”.

Hasta el momento, gracias a la organización de las comunidades mayas afectadas, la defensa en favor de los recursos naturales de la región de parte de las organizaciones civiles, así como el actuar de los impartidores de justicia en este caso, han logrado que la granja porcícola, propiedad de la empresa filial de Kekén, no tenga fecha de reapertura.

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CC