Una multa de entre 100 mil y 2 millones de pesos aplicará la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al empresario Rodrigo Rosas Cantillo por la deforestación de dos hectáreas en Dzemul, de terrenos que supuestamente le vendió la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
Además, se está en espera de la sentencia legal por la demanda, que podía dictaminar entre dos y 15 años de prisión por el delito de daños al medio ambiente.
El encargado del despacho de la Profepa, Jesús Lizárraga Veliz, explicó que, como parte de la demanda, se mantiene abierto el expediente por otros delitos, como despojo de propiedad ejidal, pero ya no compete a la Profepa sancionarlos, sino a instancias agrarias.
Asimismo, se determinó que en las dos hectáreas que había logrado desmontar afectó a especies endémicas y algunas en peligro de extinción, además de que cerró la entrada de un cenote. Se comprobó que el empresario no contaba con permiso de uso de suelo ni de impacto ambiental. Rosas Cantillo tiene un derecho de audiencia, para presentar toda la documentación que considere pertinente para su caso; el plazo vence a mediados de febrero.
Anteriormente, el Tribunal Agrario informó que las 800 hectáreas de Dzemul que alega Rosas Cantillo que le vendió la exgobernadora son tierras ejidales, aseguró el comisario Roberto Vera Catzim. Desde entonces, esa tierra está blindada de cualquier posible intento de invasión.
Vera Catzim recalcó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) les informó que Rosas Cantillo y quien le vendió los terrenos estarían cometiendo cuatro delitos en contra de los afectados: fraude por venta de un terreno que no es de su propiedad, delimitación de tierras que no le corresponden, despojo y daños de tipo ambiental al deforestar sin licencia de impacto ambiental y dañar un cenote. Como ha informado POR ESTO!, el 22 de octubre los ejidatarios de Dzemul defendieron unos terrenos deforestados por maquinaria propiedad de Rosas Cantillo. Las autoridades ya determinaron que las 800 hectáreas que supuestamente compró el empresario forman parte de las tierras ejidales, mil 700 hectáreas que el ejido adquirió desde 1925.
Jesús Lizarraga recalcó que “de la sanción no se escapa (Rosas Cantillo), ya que hubo un daño al medio ambiente, por lo que de una multa no se salva”, acotó el entrevistado.
De acuerdo a la ley, se aplicará una multa de dos a 15 años y de 500 a 10 mil salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México a quien desmonte o destruya vegetación, corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso de suelo forestal en comunidades indígenas, zonas agrarias, comunales o ejidales.
El funcionario puntualizó que en breve se determinará la fecha en que se le aplicará la respectiva sanción, así como el monto exacto, cuya cifra dependerá a diversos factores.
Indicó que ante la denuncia interpuesta por los ejidatarios de Dzemul, de manera inmediata, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) atendió el caso, y acto seguido, la Profepa.
“Se atiende la denuncia interpuesta”, expresó el funcionario federal, quien aclaró que el lugar fue visitado por los inspectores de la Procuraduría, quienes constataron el daño, una brecha creada con el uso de maquinaria pesada.
Posteriormente, se colocó el respectivo sello de clausura, en tanto se desarrolla el respectivo proceso, para evitar un mayor daño.
Explicó que Rosas Cantillo tiene un derecho de audiencia, por lo que el presunto infractor puede presentar toda la documentación que considere pertinente para su caso.
En materia de derecho ambiental, tiene que demostrar si cuenta o no con los permisos para el desmonte efectuado, dado que es un procedimiento reciente.
Tras la entrega del respectivo emplazamiento, el presunto culpable tiene de 15 a 30 días para entregar la respectiva documentación, por lo que el plazo vence a mediados de febrero próximo.
Con base a ello, se evaluará y se resolverá con base a la documentación presentada, y en dado caso de que no acuda, el predio se mantendrá clausurado, y se tomarán otras medidas legales.
“En cuanto a la legitimidad de la tierra, es un tema de otras dependencias. La Profepa o Semarnat no legitimizan la pertenencia de la tierra o de que si hubo un despojo o no”, sentenció.
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JG