Las asociaciones civiles Kanan Derechos Humanos y Racismo MX presentaron el informe “Símbolo de odio racista: Monumento a los Montejo”, y recordaron que el Ayuntamiento de Mérida fue quien lo impuso en 2010, junto con la organización ProHispen.
Por ello, instaron a que se respeten y garanticen los derechos humanos bajo la premisa de la no discriminación, y señalaron que están prohibidos los discursos de odio, tanto en palabras como en símbolos, tal como lo expresa la Suprema Cortes de Justicia de la Nación.
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“La memoria que nos dejan los Montejo es de los españoles del periodo de la Conquista, que vinieron a salvar a un pueblo que ‘se encontraba en la barbarie’, esa es la historia que sigue perpetuando en la educación pública”, expuso la historiadora Rosa Cruz Pech en rueda de prensa junto con José Aguilar, de Racismo MX, y Miguel Anguas Rosado, de Kanan.
“Se busca escuchar las otras voces, no solo de los nombrados ganadores”, expuso la activista y agregó que el racismo está muy arraigado en la sociedad porque “no nos enseñan a nombrarlo e identificarlo”.
“El colonialismo no saldó su cuenta con nosotros cuando retiraron sus banderas”, dijo Aguilar, quien consideró que “ese proceso de imposición comenzó hace 531 años, pero continúa en la actualidad” y puso como ejemplo los casos de despojos de tierras y la lucha de pueblos originarios con las autoridades.
Con este contexto, Kanan Derechos Humanos realizó el año pasado la Encuesta sobre racismo y el Monumento a los Montejo”, que fue respondida por gente al azar en el Estado y arrojó que el 88 por ciento percibe a Francisco de Montejo como un personaje bélico y violento para la historia de Yucatán.
Un 82 por ciento de los consultados opinó que su monumento es racista y un 94 por ciento se mostró a favor de que sea retirado.
Al respecto, Rosa Cruz aclaró que “hay perspectivas históricas de que los monumentos tienen valor patrimonial”, pero no es el caso del ubicado en el Remate de Paseo de Montejo. “No es un monumento histórico, pues no data del siglo XVI al XIX, como marca la legislación de patrimonio. Fue un monumento impuesto y no consultado”, sostuvo.
Miguel Anguas indicó que, mediante el testimonio y una encuesta es cómo “debemos ser representados” para la instalación de una obra de este tipo.
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NM