Desde el inicio de las campañas electorales, 76 candidatos están en la mira de la autoridad electoral por violencia política en razón de género, trascendió en un foro, realizado en Mérida.
Los participantes aseguraron en el encuentro que, pese a lo que se ha logrado hasta ahora, aún falta mucho por hacer para una campaña sin estereotipos ni obstáculos para las mujeres, aseguraron ponentes de un encuentro.
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Durante el Foro para la Erradicación de Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género y la inclusión de Grupos de Discriminación en los procesos electorales que realizó ayer el Instituto Nacional Electoral (INE), participaron magistradas, representantes de colectivos, de partidos políticos y universidades.
La consejera general del INE Norma de la Cruz Magaña dijo que en una sociedad democrática no puede permitirse ninguna agresión, en este caso, contra las mujeres, pues aunque las leyes sean claras, se tiene que “obligar” de cierta manera para obtener una participación en la política. Sin embargo, admitió que aún falta mucho por hacer, pues ahora se estereotipa la campaña de una candidata.
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“Las violencias y la discriminación no se pueden esconder, pero ahora se puede castigar la violencia política en razón de género”, reiteró.
Dijo que parte del proceso es que los ciudadanos reconozcan que están violentando sus derechos y que requieren de una intervención para frenarlo, pero que también se trata de la confianza en las mujeres que están en lucha de cargos políticos, así como el compromiso de ellas para ejercer buenas propuestas y acciones.
Señalaron que parte de la evolución es sobre todo a que se cumplan los lineamientos que, aunque parezca obvio, es necesario recalcar, refrendar todo lo que implica que una mujer ejerza dentro de la política.
Aplaudieron el interés de la ciudadanía de estar al pendiente de los actos de la violencia política hacia las mujeres, pues la mayoría de las impugnaciones la realizaron los mismos habitantes, ya sea porque se ejerció entre un hombre y una mujer o dos mujeres, el hecho de realizar actos de violencia debe ser denunciado porque ya pueden ser castigados.
También mencionaron que entre las oportunidades es la promoción de la paridad como un principio cualitativo y no cuantitativo, la utilización reglamentaria para maximizar el derecho, la verificación de la ley 3 de 3 y la creación de la defensoría pública de los derechos político electoral.
Aunado a ello, De la Cruz Magaña, indicó que no se puede ejercer la Ley 3 de 3 por falta de presupuesto y que esto genera también un obstáculo.
Asimismo, recordaron que la violencia política en razón de género es delito electoral y se puede imponer multas de entre 100 y 400 días de salario, y prisión de uno a tres años, a quien menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de una o varias mujeres.
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