Al no acreditar la Fiscalía el detrimento patrimonial a la víctima en un caso de fraude específico, el Juez Primero de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, Licenciado Kenny Martins Burgos Salazar, declaró auto de no vinculación a proceso en favor de Jorge Adolfo Hernández Alcocer, representante de la agencia mayorista de viajes “GD Platinum”.
Al resolver sobre su situación jurídica y declarar una libertad por falta de elementos para procesar, al no poderse acreditar en la acusación que el dinero supuestamente defraudado salió del patrimonio de la víctima, ordenó que queden sin efecto las medidas cautelares impuestas en la audiencia inicial.
Hace algunos días había sido detenido por orden de aprehensión y al día siguiente fue dejado libre, al llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima.
La semana anterior, Hernández Alcocer fue nuevamente puesto a disposición del Juez, donde se le formularon cargos por la denuncia presentada en su contra por Rubí Adriana Manrique Piña y se presentó con sus abogados Jorge Valencia Palomo y Rubén Guerrero Castellanos, que solicitaron la duplicidad del término para ofrecer pruebas en favor se su representado.
Los hechos que se le atribuyen datan del mes de octubre, pero del 2011, cuando supuestamente el imputado contactó a la mujer y le ofreció los servicios de la empresa turística “GD Platinum”, ostentándose como gerente general de la misma, iniciándose una relación comercial desde ese entonces.
Es el caso que el 10 de octubre del 2016, la dama se interesó en 3 paquetes y se acordó la entrevista en las oficinas ubicadas en la calle 34 número 192 entre la 23 y 25 de la colonia Buenavista y el pago de los paquetes sería por depósito o transferencia.
El primer paquete consistía en servicios para una boda a celebrar el 9 de noviembre del 2017, en el hotel “Gran Palladium” de la Rivera Maya, pagando la agraviada por ello la suma de 322 mil 915 pesos.
El segundo paquete era también por servicios para boda y se pagó la cantidad de 131 mil 114 pesos con 50 centavos, y el tercero era por un paquete vacacional por 4 mil 998 pesos.
Sin embargo, antes de celebrarse los eventos los representantes de los hoteles donde se verificarían las bodas le informaron que sólo les dieron un abono de parte del mayorista, por lo que para poder cumplirle a las personas que contrataron con ella tuvo que desembolsar una buena suma de dinero de su propio peculio, por lo que presentó la demanda correspondiente y se turnó el caso al Juez de Control en turno, donde se le formularon imputaciones y se dijo que hay decenas de casos similares en proceso de integración.
El empresario libró una vez más la acusación en su contra, las medidas cautelares impuestas en la audiencia de formulación de cargos quedaron sin efecto y recuperó la garantía económica que había depositado poco antes de la audiencia de vinculación a proceso.
(Armando Gamboa Romero)