De nueva cuenta, un delito de alto impacto queda en la impunidad en Yucatán, al dejar libres ayer los integrantes del Primer Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado a dos personas acusadas de haber asesinado a dos abuelitos a principios del mes de mayo del 2016, en su residencia en la avenida Colón.
Por unanimidad de votos, los jueces Fabiola Zurita Rodríguez, Nidia Guadalupe Celis Fuentes y Kenny Martins Burgos Salazar dictaron sentencia absolutoria en favor de los imputados Pedro Pablo Moo Miranda, (a) “Robotín”, y José Rodrigo Villanueva Pérez, (a) “El Rich”, y ordenaron su inmediata libertad.
La justificación de los jueces fue que la Fiscalía General del Estado no pudo acreditar en forma fehaciente la plena responsabilidad de los dos acusados, quienes en un procedimiento abreviado ya habían confesado su participación en los asesinatos de los señores Juan Manuel Gonzalo Campos y Casares, de 91 años de edad, y su esposa Lucelly Peniche Pasos, de 87 años, pactado con el Ministerio Público una condena de 30 años de prisión.
Ambos cuentan con antecedentes penales, sin embargo, ayer abandonaron por su propio pie la sala 8 de Juicios del Centro de Justicia Oral de Mérida, ya que los jueces dictaron en su favor un fallo absolutorio, por insuficiencia probatoria.
Al salir del edificio, los acusados dijeron ser inocentes y que los detuvieron por alterar el orden público, en el juicio fueron representados por la defensora pública Guadalupe Segovia.
El asesor de una de las víctimas indirectas, Licenciado Emiliano Zapata Cetina, comentó que ya habían sido condenados por el doble homicidio y ahora son dejados en libertad, se va a esperar que se dé lectura y explicación de la sentencia el próximo 30 de octubre para que se defina sobre la apelación.
En el mismo sentido se pronunció la Fiscal Investigadora, Licenciada Julia Marrufo Palomo, ante el fallo absolutorio de los jueces del Tribunal Primero de Enjuiciamiento, que les concedieron la libertad a los dos acusados.
La hija de las víctimas, Lucelly María del Pilar Campos Peniche, vio salir a los dos presuntos asesinos sin pronunciar palabra, tomando en cuenta de que fue ella, a través de su asesor jurídico, quien apeló a la resolución del Juez Primero de Control, Licenciado Antonio Bonilla Castañeda, quien en un procedimiento abreviado los había condenado a pasar 30 años en la cárcel.
La mujer, en su exposición en el juicio pedía justicia y que se investigue la verdad histórica sobre la muerte de sus padres.
Ante la apelación, el caso fue turnado a la Sala Mixta Penal del Tribunal Superior de Justicia, donde los Magistrados Leticia del Socorro Cobá Magaña, Ingrid Priego y Rubén Ruíz resolvieron revocar el procedimiento abreviado y reponerse el proceso desde la etapa intermedia.
Esa situación derivó en un juicio oral, donde ahora los dos presuntos criminales fueron dejados en libertad y como ha sucedido en las últimas fechas, en el cementerio hay restos de personas asesinadas, pero en la cárcel ningún preso por esos crímenes.
De nuevo un delito de alto impacto en Yucatán queda impune, según los jueces la Fiscalía, que es la encargada de la acusación, no acreditó en forma fehaciente la responsabilidad penal de los acusados y los dejaron libres.
Al anciano lo mataron a puñaladas y a la señora la ahorcaron con una venda en su domicilio, marcado con el número 502 de la avenida Colón entre las calles 60 y 62, en la residencia conocida como “Santa Cecilia”, el pasado 2 de mayo del 2016.
En un procedimiento abreviado, los ahora liberados habían confesado su participación en los hechos delictivos y pactado una pena de 30 años de prisión, el pago de 2 millones 921 mil pesos por concepto de reparación del daño y ahora ambos se encuentran en libertad, al ser absueltos por los jueces del Primer Tribunal de Enjuiciamiento.
Según se indicó, durante el juicio no se logró acreditar por parte de la Fiscalía que los imputados hubieran cometido el delito, porque los policías que los detuvieron por faltas administrativas no dijeron cómo se enteraron que ellos estaban involucrados y no remiten los indicios completos.
El perito de huellas no pudo sostener su informe de huellas dactilares de Afis, no se hizo un comparativo de huellas encontradas entre los acusados y las encontradas en el lugar de los hechos y evidencias.
El informe por parte del criminalista no estaba sustentado en conocimientos científicos, carecía de información, no concluyó cuántas personas cometieron los delitos, por dónde entraron, así como determinar la causa del hecho y si murieron al mismo tiempo, otra criminalista examinó sólo fotos con fotos, no examinó prendas ni los cuchillos ocupados y su dictamen es poco claro, sin fundamento científico, nunca apareció la supuesta camisa pijama del occiso, que presuntamente tenía el acusado José Rodrigo Villanueva Pérez.
(Armando Gamboa Romero)