Un sacerdote en retiro, de 73 años de edad, se encuentra en problemas legales, ya que la aseguradora “Axxa” que contrató se niega a pagar los daños causados hasta en tanto no haya una sentencia firme, ayer se le formularon cargos a Jorge Elías Chi Chan, como probable responsable del delito de homicidio cometido por culpa.
El caso se ventila en el Juzgado Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, a cargo del Licenciado Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova, por hechos denunciados por Yuli del Carmen Chim Uicab y Shirley Nathaly Várguez Flores.
Lo anterior dentro de la carpeta de investigación E1/674/2015, que se instruye en contra del sacerdote retirado.
En los hechos que obran en la carpeta de investigación se desprende que en fecha 16 de julio del 2015, aproximadamente a las 10:30 horas, presuntamente Jorge Elías conducía de Norte a Sur a bordo de un vehículo VW tipo Golf, modelo 2003, placas YZF-28-23, sobre el arroyo de circulación de la calle 74-A del Centro de la ciudad y al llegar al cruce con la 45, al no respetar la señal de alto chocó contra una motocicleta Honda 125, modelo 2015, placa JLP5Y de Quintana Roo, conducida por Javier Alonso Borges Marquina, quien sufrió graves lesiones que le causaron la muerte por choque hipovolémico secundario a laceración de vísceras abdominales.
Luego de integrarse la carpeta de investigación se solicitó la audiencia para la formulación de imputación, debido a que la empresa aseguradora “Axxa” no quiere pagar a los deudos, sino hasta que haya sentencia, mientras tanto, se le seguirá proceso penal al imputado.
Supuestamente uno paga una cobertura de seguro para este tipo de contingencias, sin embargo, la citada aseguradora no quiere pagar hasta que haya una sentencia firme y el imputado tendrá que enfrentar el proceso.
Su situación jurídica se resolverá el próximo día miércoles, en la audiencia de vinculación a proceso, y al imputado se le impusieron medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, entre ellas el depósito de una garantía económica de 20 mil pesos, la prohibición de salir del Estado y acudir a firmar al Centro Estatal de Medidas Cautelares.
(Armando Gamboa Romero)