Después de más de 2 años de estar demandando justicia, la Fiscalía General del Estado les dio palo a empleados de una gasolinera que en sus denuncias aseguraron haber sido privados de la libertad para obligarlos a firmar una serie de documentos, por lo que ahora, en el término que les concede la ley, recurrirán a otra instancia legal y pedirán la revisión ante un Juez de Control.
El Licenciado José Francisco Lara Flores, representante de los ex empleados de la empresa “Combustibles de Yucatán”, ubicada en la calle 32 entre la 15 y 17 de la colonia García Ginerés y Circuito Colonias, comentó que el Ministerio Público le notificó el auto de no ejercicio en favor de los presuntos imputados, por lo que en el término de 10 días que le concede la ley recurrirán a la revisión ante el Juzgado de Control en turno, ya que consideran que sí hay elementos suficientes para proceder.
En días pasados dimos a conocer que ex empleados de una gasolinera, después de más de 2 años continuaban en espera de que se les haga justicia y que la Fiscalía General del Estado resolviera sobre las demandas que presentaron en su oportunidad, en las que señalaron que fueron privados de la libertad y obligados, bajo amenazas, a firmar varios documentos.
Las denuncias fueron presentadas por Domingo Antonio Zapata Catzín, Lízbeth del Socorro Perera Parra y Víctor Antonio Canul Uicab, mismas que fueron acumuladas en la carpeta de investigación UE/000227/2017, por hechos posiblemente delictuosos que pueden constituir el delito de privación ilegal de la libertad.
Afirmaron que durante el tiempo que estuvieron retenidos en forma ilícita por sus patrones los hicieron firmar documentos, al parecer de pagos y promesas de venta de sus predios a favor de la empresa y funcionarios, renuncia y finiquito de cada uno de ellos.
Señalaron en las demandas a Dídier Pérez, Santiago Nicoli, Guido Canto Cal y al Licenciado Marco Antonio Ojeda López como gerente de operaciones, auditor y gerente general, respectivamente, de la empresa donde prestaban sus servicios y el abogado en cuyas oficinas les hicieron firmar los documentos ante el Notario Luis Alberto López Rosado.
En el acuerdo firmado por el Licenciado Carlos Alejandro Velásquez Azarcoya, Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate al Secuestro del Ministerio Público del Fuero Común con sede en Mérida, Yucatán, se dicta un no ejercicio de la acción penal a favor de los ciudadanos Luis Alberto López Rosado y Juan Emilio Bolio García, por la comisión del delito en materia de secuestro.
Después de más de 2 años, ahora se les notifica a los denunciantes que sus demandas no procedieron y se dictó un auto de no ejercicio, por lo que su representante legal recurrirá a la revisión ante un Juzgado de Control.
(Armando Gamboa Romero)