Cinco de los ocho detenidos en un predio del barrio de San Sebastián, en Mérida, quienes fueron acusados del delito de trata de personas, fueron vinculados a proceso. Los indiciados, identificados con las iniciales G.F.G., J.R.A.M., A.M.G., J.E.S. y C.M.M.C., permanecerán en prisión preventiva durante todo el tiempo que dure el proceso.
En su momento se informó que el pasado 28 de junio se desmanteló un centro de llamadas telefónicas que operaba ilegalmente para ofrecer paquetes turísticos que resultaban ser un fraude, en un domicilio ubicado en la calle 70 entre 77 y 79 del segundo cuadro de la ciudad, donde fueron rescatadas varias personas que presuntamente estaban privadas de su libertad para continuar trabajando.
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Durante una audiencia que inició el martes y concluyó en la madrugada del miércoles, los representantes de la Fiscalía General del Estado expusieron los argumentos y elementos de prueba. Seguidamente, solicitaron que los indiciados fueran procesados por trata de personas en su modalidad de explotación laboral y trabajos forzados; sin embargo, la Juez de Control reclasificó el delito por el de privación ilegal de la libertad.
Además, la juzgadora concedió un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Dos de los cinco que fueron imputados son de origen extranjero, de nombres Joshua E.S., César Manuel M.C.; además de Gustavo F.G., José Roberto A.M. Los dos primeros tienen doble nacionalidad y son asesorados por defensores particulares. Uno de los tres que fueron liberados fue puesto a disposición de las autoridades migratorias.
Según aparece registrado en la carpeta de investigación, los ahora imputados retenían y alojaban a determinadas personas en la casa donde operaba el call center, los mantenían allí en contra de su voluntad y los obligaban a trabajar durante varias horas e, incluso, se dice que los sometían a agresiones físicas.
Respecto a los otros tres detenidos, se sabe que se les dictó auto de no vinculación a proceso, pero uno de ellos, de origen extranjero, quien fue identificado como Dominic, fue puesto a disposición de autoridades del Instituto de Migración para que se defina su situación legal en el país. Se supo que el Ministerio Público apelará la resolución de la Jueza de Control.
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CC