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La delegada estatal de la Comisión de los Derechos Humanos “Insurgentes de la República Mexicana” ONG, Cleotilde Herrera Díaz, expresó que hasta ahora se da cuenta el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, que siguen existiendo torturas para arrancar confesiones a detenidos en penitenciarías de México, pero esto se debe a que el nuevo sistema de la Cuarta Transformación que iniciará a partir de 1 de diciembre respaldará todas las carpetas de investigación de los imputados para que se ventilen y darles el beneficio a cada individuo. Pues en los penales hay chivos expiatorios para justificar las ineptitudes de las autoridades y hacer creer a la sociedad que están trabajando.

Vieja práctica

Mencionó que a pesar que existen sanciones para los funcionarios públicos que practican las torturas parta extraer confesiones, en el país los mismos funcionarios violentan las leyes federales, pues en las penitenciarías y separos policiacos se siguen realizando esas viejas prácticas, pues a la oficina de esta ONG han llegado cartas de internos, quienes manifiestan las formas de torturas a las cuales son sometidos.

“Con el Gobierno de la Cuarta Transformación será hará un análisis para ver por qué a esas personas o persona las han condenado por varios años y qué es lo que están pagando; a mí me parece muy bien que se respalde las carpetas de investigación de los reos y se hagan las investigaciones porque el próximo Gobierno tomará en cuenta los Derechos Humanos de cada detenido, procesado o condenado”, indicó.

Ceden a presiones

Manifestó que es una persona que siempre ha luchado contra la injusticia que se comete a cada individuo, donde quiera que estén, ellos tienen su derecho y deben de ser respetados, el imputado es persona que tiene sus Derechos Humanos y las autoridades no tienen por qué estarlos torturando para arrancarles confesiones, pues a las personas que se les practica la tortura aceptan delitos que ni siquiera cometieron para que los dejen de estar martirizando.

Directores, culpables

Indicó que en las penitenciarías los responsables de que se lleve a cabo las torturas son los directores e incluso algunos comandantes de corporaciones policiacas; pero en las penitenciarías existen negocios redondos en donde el director del Centro de Reinserción Social (Cereso) se hace rodear de maleantes para torturar a los internos, aquí no sólo sufre el detenido, sino también los familiares, pues incluso existen las extorsiones a familiares para que dejen de torturar a la persona que se encuentra en el penal.

Carmen, incluido

Añadió que en la penitenciaría de Carmen no es la excepción se siguen presentando las torturas a internos; pero lo más absurdo es que actualmente los funcionarios están declarando que existen torturas a internos para sacarles algunas confesiones, pero se debe a que el próximo Gobierno Federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reabrirá las carpetas de investigación en donde se van a ventilar muchas cosas, y las autoridades que están aceptando que existen torturas en los penales, es para lavarse las manos.

Afectan a familiares

“En esta organización han llegado familiares de internos con escritos de los procesados, quienes aseguran que existe tortura en el penal, así como sucede en la Isla también se refleja en el Cereso de San Francisco de Campeche, nosotros hemos intervenido para apoyar a las personas que se encuentran privadas de su libertad, mediante los derechos universales, pues si están pagando una condena no tienen por qué ser torturadas y menos extorsionando a los familiares”, agregó.

Indicó que existen leyes que castigan a los funcionarios que practican la tortura, como Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en sus artículos 3, 4 y 5.

Artículos que penan la tortura

ARTICULO 3.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

ARTICULO 4.- A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta. Para los efectos de la determinación de los días multas se estará a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

ARTICULO 5.- Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 3o., instigue, compela, o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos; o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia.

(Texto: Fernando Kantún / Fotos: Fernando Kantún / POR ESTO!)

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