Freno a desvío de recursos

En medio del debate sobre el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2019, que se lleva a cabo a nivel nacional en el Congreso de la Unión, recientemente fue puesto en tela de juicio uno de los rubros más cuestionados por su ejecución opaca y discrecional, se trata del Ramo 23, también llamado la “caja chica” de los Gobiernos Estatales, ya que es el único que no se encuentra regulado por una ley, y sobre el cual se ha planteado una disminución significativa para el próximo año, en comparación del 2018.

La medida adoptada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador representa a su vez un cambio radical a la forma en la que se ha usado el Ramo 23 de “Provisiones salariales y económicas” en Campeche por el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, cuya administración estatal resulta ser la de mayor dependencia a esta “caja chica”, representando el 11.3 por ciento de sus aportaciones federales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Cabe destacar que al no estar regulado, el Ramo 23 ha representado año tras año un mayor gasto de lo presupuestado, pues mientras que para el Presupuesto de Egresos del 2018 se aprobaron más de 42 mil 339 millones de pesos en gasto federalizado, hasta el mes de octubre ya se habían erogado en este aspecto 76 mil 519 millones de pesos.

Por ello, en el PPEF 2019 se plantea un recorte de casi el 70 por ciento al gasto federalizado del ramo, asignándole únicamente 13 mil 459 millones de pesos, según indica el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

Derroche estatal

Es preciso señalar que por concepto de gasto federalizado del Ramo 23, durante el presente año de elecciones, el Gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas ha recibido 275 millones 720mil 896 pesos para 98 proyectos divididos en tres fondos.

El primero se trata del fondo “U128: Proyectos de desarrollo regional”, mediante en el cual se incluyen 95 obras públicas presumidas como propias por el Gobierno del Estado, a las cuales se les ha cargado no sólo el costo de inversión, sino también el de las maquetas, la mayoría de las obras sin ser concretadas hasta el momento; destacan entre ellas la modernización del Barrio de San Román y la Concha Acústica en la capital del Estado, que se ha visto envuelta en irregularidades.

Asimismo bajo este rubro está también el fondo “U075: para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad”, mediante el cual se realizó la instalación de juegos inclusivos en los municipios de Hopelchén y Tenabo.

Sin embargo, pese a que ambas obras ya fueron inauguradas, estas se presumieron con una inversión menor a la entregada por la SHCP, tal como consta en el portal Transparencia Presupuestaria (www.transparenciapresupuestaria.gob.mx).

El pasado 7 de diciembre la presidenta del patronato del DIF estatal, Christelle Castañón de Moreno, indicó en Hopelchén que se invirtieron 4 millones 307 mil pesos, pese a haber recibido el Estado 4 millones 766 mil pesos; días después en Tenabo afirmó que se invirtieron 2 millones 834 mil pesos, aunque la Federación pagó a Campeche 3 millones 135 mil pesos para dicho proyecto, por lo que no se explican tan sólo en dos en estos proyectos cerca de un millón de pesos.

Finalmente, está el fondo “U033: de apoyo a migrantes”, por 789 mil 694.52 pesos, en una Entidad donde no se han visto políticas públicas para auxiliar a migrantes ya sea nacionales o centroamericanos.

Cabe señalar que pese al temor de afectación a los presupuestos estatales, autoridades federales han señalado que lejos de socavar las finanzas de los Estados, la reducción al Ramo 23 plantea una redistribución de los egresos hacia otros rubros donde sí se pueda detectar la malversación del erario en beneficio de los intereses particulares de cada Gobernador.

(Texto: Carlos Valdemar / Foto: Especial)