Embargan a López Peña

Tras varios años de silencio cómplice de autoridades federales y estatales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del nuevo Gobierno Federal finalmente embargó cuentas bancarias de los involucrados en el llamado “Caso Aguascalientes”, el ex rector Sergio Augusto López Peña por la Universidad Autónoma de Carmen (Unacar) y Francisco Chávez Rangel por el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), debido a quebrantos financieros por 399 millones de pesos entre ambas instituciones que datan del año 2011.

Desde finales del año pasado el Sistema de Administración Tributaria (SAT) determinó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mantener embargadas las cuentas de ambos personajes, a quienes desde el 2017 se les fincaron responsabilidades patrimoniales por 283.7 millones de pesos, que al no ser resarcidos se decidió congelar sus cuentas.

Corrupción imborrable

El caso inició hace casi ocho años, cuando a través del desaparecido programa Desarrollo de Habilidades Digitales para Todos (DHDT), un monto de 399 millones de pesos fueron desviados por medio de empresas fantasma, entre ellas Multiservicios Empresariales de Telecomunicaciones S.A. de C.V, Servicios Integrales en Computación R.R., S.A. de C.V., así como Prof Tech S.A. de C.V., en la compra de equipo de cómputo que iría a mil 377 escuelas que jamás fueron beneficiadas.

Fue a principios del 2017 cuando el Juzgado Quinto de lo Mercantil, del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, absolvió a la Unacar de las prestaciones reclamadas por el IEA, mas no así a los involucrados en el fraude.

Dicho fallo eximió a la institución carmelita, pero no quitó la inhabilitación por 20 años para el ex rector Sergio Augusto López Peña, quien además debía pagar una millonaria multa lo que no cumplió luego de más de un año.

El día de 30 de mayo de 2017 se dio la resolución que del Juzgado Quinto de lo Mercantil, sin embargo de entonces a la fecha ni Sergio Augusto López Peña ni el hidrocálido Francisco Chávez Rangel habían sido llamados a cuentas, pese a que el mismo ex rector carmelita había reconocido en una entrevista con un medio de Aguascalientes, la triangulación del recurso federal.

La triangulación sirvió para que el IEA entregara, sin licitar, trabajos por los casi 400 millones de pesos al empresario regiomontano Jorge Antonio Vázquez González, ligado a las empresas Servicios Integrales en Computación, Multiservicios Empresariales de Telecomunicaciones y Prof Tech Servicios, que se encargaría de la supervisión y que cuenta con varias demandas a nivel nacional.

Cabe hacer mención que la ex Contralora General de la Unacar, Maricruz Nájera Ríos, también se encontraba involucrada y enfrentó un procedimiento de responsabilidad administrativa por las omisiones en el cargo encomendado durante el rectorado de López Peña.

Asimismo es preciso destacar que han trascendido más investigaciones por parte del nuevo Gobierno Federal por asuntos similares, que involucran a varias instituciones de educación superior usadas por la administración de Enrique Peña Nieto, en las que se habrían desviado 3.4 mil millones de pesos; entre las involucradas están la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la misma Unacar, y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de Tabasco.

Además de que la mancha de corrupción del llamado “Caso Aguascalientes” ha salpicado también al actual rector, José Antonio Ruz Hernández, quien habría continuado el esquema defraudador a favor de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI).

(Texto: Carlos Valdemar / Fotos: POR ESTO!)