La Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció que el ex alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández y el actual, Eliseo Fernández Montúfar no aclararon 3 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
En el informe de la segunda entrega de la auditoría realizada por la ASF, denunció que no se aclaró el destino de 3 millones 370 mil 981 pesos, que podría significar un mal ejercicio de los recursos públicos.
“Al 31 de diciembre de 2018 el municipio gastó el 62.5% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 94.7%; ello no permitió que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios”, asestó la dependencia nacional.
Declaró que en el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de obra pública y oportunidad del gasto, respecto de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Asentó que esto generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,376.2 miles de pesos, el cual representa el 5.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
“El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”, puntualizó.
Debilidades institucionales
Sobre las debilidades en el “Ambiente de Control”, la dependencia estatal externó que el municipio no solicita por escrito periódicamente, la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética y de Conducta por parte de todos los servidores públicos.
Precisó que el municipio no tiene formalizado un programa de capacitación para el personal, ni cuenta con un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en el municipio.
“No se tienen establecidos Comités o grupos de trabajo o instancia análoga en materia de Ética, de Control Interno y de Administración de Riesgo para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio”, destacó.
En el punto de la “Administración de Riesgos”, argumentó que el municipio no tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal y no cuenta con un Comité de Administración de Riesgos.
Además de que el municipio no tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
En el rubro de “Actividades de Control”, manifestó que el municipio no cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software, así como no cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal.
En lo que respecta a la “Información y comunicación”, la ASF aseveró que el Ayuntamiento no tiene formalmente instituida la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Presidente Municipal, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno.
Lo que refiere a la “Supervisión”, indicó que el municipio no autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos, tampoco elabora un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dicha autoevaluación en el cumplimiento de los objetivos establecidos; menos estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción.
“El municipio no ha realizado acciones para la implementación de un control interno más fortalecido; sin embargo, aun y cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que lo refuerce”, señaló.
Pagos saldados posteriormente
Dentro de lo que falló Fernández Montúfar, la institución federal mencionó que se verificó que el 28 de diciembre de 2018 el municipio de Campeche, Campeche, transfirió recursos del FISMDF 2018 a la cuenta de Participaciones Federales 18 millones de pesos y éstos fueron reintegrados el 4 de enero de 2019, sin los intereses por la disposición de los recursos estimados en 5 mil 200 pesos. Al momento de la auditoría el ayuntamiento hizo ese pago.
Gasto por aclarar
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,370,981.79 pesos (tres millones trescientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos 79/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el reintegro a la TESOFE, por no haber aplicado la totalidad de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ni haberlos reintegrado a la TESOFE”, detalló la institución federal, sobre el uso de recursos no aclarados por el ayuntamiento de el blanquiazulista.
Mejoramientos con resoluciones tardías
La ASF resaltó que con la revisión del expediente técnico unitario de las obras, Mejoramiento del sistema de agua potable (Concordia 3), San Francisco de Campeche, y Mejoramiento del sistema de agua potable (Pozo Pich), se constató que el municipio de Campeche, Campeche, no amortizó totalmente el anticipo pagado a los contratistas en ambas obras, por un monto de 45.2 miles de pesos y 35.3 miles de pesos, respectivamente, para un importe total de 80.5 miles de pesos. En el momento de la Auditoría fueron aclarados esos datos.
Obras sin dictamen
La Auditoría Superior de la Federación emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Campeche, Campeche o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron obras por administración directa sin contar con el dictamen que indique que el municipio cuenta con capacidad técnica y administrativa para su ejecución.
(David Burelo)