Los Gordillo y los Escalante no solamente han sido los preferidos de los gobiernos priistas para la asignación de obras camineras, pues también se han servido con la cuchara grande en lo que a obra estatal se refiere.
Un ejemplo de lo anterior es la participación que tuvieron en el denominado “Megradrenaje”, mismo que les fue asignado en el 2014.
Fue en agosto del referido año que la obra fue asignada a las empresas consentidas de los gobiernos priistas: Constructora Gordillo y Constructora Escalante, junto con CUCSA, IEMSA y Afer Construcciones, que también fueron apapachadas por la administración de Fernando Ortega Bernés, quien dejó sin concluir la citada obra que poco alivio ha propiciado en cuanto a las inundaciones que tienen lugar en la capital campechana.
Los trabajos del “Megadrenaje” incluyeron la avenida Maestros Campechanos, a la altura del estacionamiento del fraccionamiento 18 de marzo, hasta la agencia automotriz Chevrolet; de la agencia Chevrolet, hacia el nuevo edificio del Poder Legislativo, con los dos ramales que van hacia la zona de hospitales y la PGR, ambos sobre la avenida López Portillo; desde el edificio del Poder Legislativo, sobre la avenida Patricio Trueba, hasta el cruce la avenida 2000, y de la avenida 2000 hasta la avenida Colosio.
Como los lectores pueden constatar, en los mencionados tramos continúan presentándose problemas de encharcamientos a pesar de la inversión de más de 260 millones de pesos que la administración de Fernando Ortega Bernés destinó a las mismas.
El “Megadrenaje”, que fue inaugurado en agosto del 2017 por el presidente Enrique Peña Nieto, en la era de Alejandro Moreno Cárdenas, resultó ser un fraude de 19.5 kilómetros de longitud. Hasta el momento ha sido incapaz de desalojar los 82 metros cúbicos de agua por segundo, tal y como se había prometido.
El único caudal que sí se ensanchó fue el que ha conducido dinero público hacia las cuentas bancarias de las familias constructoras ya mencionadas, que no pocas veces se han ufanado de ser los promotores financieros de las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En mayo del 2015, el candidato del Partido del Trabajo por el Gobierno del Estado, José Luis Góngora Ramírez, afirmó que, de llegar a ser jefe del Ejecutivo Estatal, emprendería un juicio contra Fernando Ortega Bernés “por ser uno de los mandatarios estatales más corruptos en la historia de Campeche”.
Desde ese entonces, ya se hablaba muy mal de la asignación y construcción del “Megadrenaje”, misma que según el petista fue asignada a las constructoras Gordillo, CUCSA, Calakmul y Escalante, como pago de favores políticos recibidos durante la pre y la campaña política.
Distribuidor Vial de
“Alito” y los Gordillo
Como en múltiples ocasiones se ha informado a través de POR ESTO!, la Constructora Gordillo, propiedad de Augusto Gordillo Díaz, de alguna forma ha logrado afianzarse del presupuesto sexenio tras sexenio, de tal forma que durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas (2015-2018) logró tener participación en la construcción del Distribuidor Vial Francisco I. Madero- Gobernadores.
La obra resultó ser de relumbrón. Los usuarios han procurado darle un uso escaso a la obra, debido a la falta de confianza que le tienen, sobre todo luego de algunos problemas como lo han sido crujidos y desprendimientos.
Además, la circulación sobre la Gobernadores y la Francisco I. Madero (La Ría) únicamente fue aliviada en un solo sentido. Asimismo, durante el desarrollo de los trabajos, que fueron entregados con más de cinco meses de retraso, se presentaron varios problemas de índole técnicos y laborales.
En diciembre del 2018, por lo menos 30 trabajadores de la obra del Distribuidor Vial, originarios de Tabasco y especializados en diferentes oficios, subcontratados por Augusto Gordillo Díaz, fueron despedidos sin que se les liquidara.
Los obreros, que fueron traídos desde Tabasco, se quejaron de la falta de compromiso de la empresa campechano-chiapaneca, ya que aseguraron que les habían prometido trabajo hasta que la obra vial concluyera, pero como ya se avecinaba el pago de aguinaldos, optaron por darles un finiquito.
Los agraviados por Gordillo Díaz, incluso, se quejaron de la falta de profesionalismo de los ingenieros contratados por el mencionado dueño de la constructora, ya que en diversas ocasiones les hicieron demoler partes ya avanzadas, debido a errores de cálculo.
Obras a los Escalante
Ya durante la era de Moreno Cárdenas, éste otorgó millonarios contratos a los Escalante Castillo y también colocó en importantes cargos a Gabriel, una de las cabezas visibles de los Escalante Castillo, junto con la ex alcaldesa Ana Martha.
Las empresas vinculadas con los Escalante Castillo, que fueron beneficiadas con contratos del Gobierno del Estado durante la administración de Moreno Cárdenas, fueron Promociones Casas Arca, S. de R.L. de C.V, la cual se adjudicó la licitación SEDUOPI/SSC/ PE/002/2019 para la construcción de un camino rural en el municipio de Calakmul por un monto de 6 millones 298 mil 193.17 pesos.
En el 2018, la citada empresa también se adjudicó los contratos: LO-904012996-E148-2018, por un monto 6 millones 209 mil 465.57 pesos; SEDUOPI/ SSDU/PEoo4/2o18, por 6 millones 669 mil 763.46 pesos; LO -904012996-E145-2018, por 6 millones 195 mil 777.89 pesos, y el LO-9o4012996-E23-2018, por 4 millones 253 mil 580.1 pesos.
La relación descarada entre los Escalante y el Gobierno está ampliamente documentada, ya que lo mismo “concursan” se les adjudica contratos millonarios como Constructora Escalante, S.A. de C.V., Grupo Construc-tor Patterson, S.A. de C.V., o como Constructora El Arca.
El problema se está añejando
En junio del presente año, un Grupo de Constructores solicitaron la intervención de la delegada de Desarrollo Social en Campeche, Katia Meave Ferniza, luego de ser ratificado en el cargo a Jesús Armando Araiza como director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de esta entidad, ya que -según ellos- ha marginado a los constructores campechanos, beneficiado a los foráneos permitiendo la subcontratación de obras e, incluso, ha avalado el pago de obras no ejecutadas, lo que consideraron como un hecho grave.
Los constructores denunciaron la existencia de daños superiores a los 30 millones de pesos, por tráfico de influencias, amiguismo y obras inconclusas e inexistentes.
De acuerdo con los Constructores Unidos, algunas obras no fueron ejecutadas por las empresas constructoras, pero aun así se emitió el pago correspondiente. Entre las obras no ejecutadas se encuentra la conservación periódica mediante trabajos de bacheo y carpeta asfáltica de 5 centímetros del kilómetro 149+000 al 154+000, del tramo límite de los Estados de Tabasco y Campeche, zacatal de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, con la licitación LO-0099000998-E117-2018, con el número de contrato 201804CB A 082W002018, otorgado a la empresa Construcciones Bench, S. A. de C. V., por 19 millones 281 mil 043 pesos, cuyo periodo de ejecución comprendió del 1 de julio al 16 de octubre del 2018.
Otra de las irregularidades, evidenciada por los constructores campechanos, es la asignación de obras a empresas foráneas y que presentan atrasos de hasta un 30 y 40 por ciento, por lo que debieran ser sancionadas con la cancelación del contrato, según lo estipula la Ley de Obras Públicas.
(POR ESTO! Campeche)