Al ser cuestionado sobre la detención del director de Protección Civil de Candelaria, el subsecretario de Asuntos Religiosos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Alejandro Medina Piña, señaló que tiene mucha responsabilidad el alcalde ante “las condiciones en que uno recluta personal, es decir contrata o invita a participar en un gabinete”.
En entrevista, tras la detención en Guatemala de Miguel Acosta González (titular de Protección Civil de Candelaria), Medina Piña señaló que cada funcionario público debe apegarse a los principios por los cuales está, también a las convicciones que cada gobernante tiene”, pero sobre todo a los mejores principios, acotó.
Sin embargo, consideró que se debe otorgar la presunción de inocencia a Miguel Acosta González, hasta que no sea demostrado lo contrario, e indicó que ninguno de los ceses en la administración estatal se debe a vínculos con el Crimen Organizado.
Medina Piña señaló que ningún funcionario despedido en la actual administración se le ligó al narcotráfico, sino que sus ceses se deben a otras circunstancias y que se pueden consultar en la Secretaría de la Contraloría del Estado.
Secretaría de Gobierno, sin injerencia
En el caso de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Campeche, afirmó que no hay injerencia, aunado a “que si se tratara de un delito, primero habría que definir en qué fuero, si en el ámbito federal o en el ámbito local”.
Argumentó que como instancia gubernamental, “somos respetuosos de los acontecimientos que están sucediendo, que están siendo investigados por parte del vecino país de Guatemala”, además de que estarán atentos de lo que pueda competer en materia estatal.
“Por el momento no tenemos ninguna acción o estamos haciendo algo”, aseveró.
También dijo que cada nivel de gobierno escoge a sus colaboradores. “Somos respetuosos del ámbito municipal y de las decisiones por parte de quien fue electo para conformar su equipo de trabajo y gabinete”.
Elección de funcionarios
En lo que corresponde al Gobierno del Estado, aseguró que se elige a los servidores públicos con base en las buenas referencias y la integridad personal, “es decir que tengan un respaldo de buena conducta, que lo tengamos identificado en la sociedad, en donde se desenvuelven y se desempeñan o han tenido también una actividad profesional en donde no han encontrado ningún, ninguna conducta indebida, ni como delito ni como servidor público”.
De los despidos en la administración estatal aunque es competencia de la Contraloría del Estado, aceptó que “sí han existido y esas están públicamente y se pueden consultar en la página de la Contraloría”. La lista es pública -dijo- “y tienen la conducta en que incurrieron, el tiempo de la sanción y está debidamente documentado”.
Negó que entre estos casos haya cesados por actividades ílicitas, “no, porque en cuestiones de servidores públicos como parte de la responsabilidad no están; por parte de nosotros, como crimen organizado no tenemos a nadie”, reiteró.
Y planteó que en cuestiones de índole delictivo, “actualmente esos hechos serían de la Fiscalía Anticorrupción del Estado”.
(Wilbert Casanova Villamonte)