Pese a que inconformidad de habitantes ubicados en derecho de vía en la Ermita y Camino Real estaría fundamentada, el Gobierno Federal tiene toda la potestad de hacer uso del derecho de vía: Barra de Licenciados en Derecho
La inconformidad de muchas familias que viven a orillas del derecho de vía en el barrio de la Ermita y Camino Real podría estar bien fundamentada en algunos casos, pero legalmente la autoridad correspondiente sí puede retirarlas del lugar, así lo afirmó el Presidente de la Barra de Licenciados en Derecho, José Alfredo Cardeña Vázquez.
El declarante comentó que en días pasados unos ciudadanos le presentaron unos documentos antiguos buscando ayuda ante su inconformidad de ser reubicados debido a los trabajos de adecuación para el proyecto del Tren Maya, en las vías ferroviarias que pasan por el interior de la capital del Estado; esas personas tenían inclusive predios rústicos, ranchos o propiedades de ese tipo en esa zona, una especie de potreros o llanos dedicados a la actividad agrícola o ganadera.
Sin embargo, aseguró que cuando se construyó el tren hace muchos años y comenzó a pasar por la zona de predios en conflicto, obviamente las casas no estaban construidas, por ello ahora se genera discordia e inconformidades, un tema algo atípico, porque inicialmente a esas personas se les veía como invasores del derecho de vía.
Igual aseguró que pese a que las autoridades del Fondo Nacional para el Fomento del Turismo (Fonatur) aseguraron que los habitantes de las zonas donde pasará el tren son invasores de terrenos donde predominan los derechos ferroviarios, detalló que hay unas cuantas familias que primero construyeron su predio y luego se construyó la vía del tren.
“Se acercaron conmigo algunas personas habitantes de esa zona, con documentos donde se certifica que estuvieron antes de la construcción de la vía del tren; entonces, en esos casos las autoridades al construir las vías del tren debieron primero pagarle a los dueños de los terrenos una indemnización para construir la vías del tren, por haber utilizado sus terrenos por derechos ferroviarios”, declaró.
Aseguró que esa indemnización hasta la fecha no se ha ejercido, incumpliendo lo que la ley prevé, pues previo a una expropiación o afectación de régimen de propiedad por alguna causa de utilidad pública se deberá indemnizar previamente a las personas.
“Si nos vamos a temas de carácter legal correspondería pagar la indemnización que entendemos nunca se ha pagado, pero igual debemos considerar que las autoridades federales actuales tienen el derecho de utilizar la vía ferroviaria, por lo que las familias afectadas deberán buscar alternativas para poder defender su territorio”, detalló.
Igualmente interpretó que si se aplica el derecho en sentido estricto, las personas se deberán hacer a un lado y la autoridad deberá utilizar los recursos y medios que les brinda la ley para indemnizarlos, pero fundado y motivado en la ley.
Finalmente, comentó que lo mejor es que las partes involucradas lleguen a un acuerdo para el beneficio de ambos sectores, porque siempre en este tipo de asuntos es la mediación lo que debe privilegiarse, ya que las dos partes están en sus extremos; unos porque no pase la vía del tren y los otros por temas del proyecto federal, añadiendo que se deben buscar los mecanismos para hacer una mesa de diálogo seria y con ello sensibilizar a todos al respecto.
(David Vázquez)