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Abandonados durante decenios, los caminos interiores de los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo han sido aprovechados eficientemente en los últimos años por quienes se dedican a la industria del ilícito y el Crimen Organizado. Desde Bacalar hasta Tenosique, las células delincuenciales han encontrado el modo de evadir la vigilancia policial.

A lo largo de la frontera internacional que comparten Campeche y Guatemala existen recovecos, sendas y territorios agrestes, lugares que el olvido gubernamental convirtió en un lugar hoy gobernado por la Delincuencia Organizada.

Sin embargo, como parte de su estrategia y sistema de gobierno territorial, los narcotraficantes que introducen, almacenan y trasladan estupefacientes por el territorio nacional siempre han estado en búsqueda de nuestros espacios y alternativas para lograr su cometido.

Hasta el 2007 y el 2010, los narco-vuelos predominaron en los municipios de Candelaria, Carmen y Campeche; sin embargo, éstos se intensificaron en Calakmul, Hopelchén, Campeche (Valle de Edzná) y Champotón.

Los caminos que carecen de vigilancia policial son los preferidos por los narcotraficantes, polleros y contrabandistas de recursos naturales que están protegidos por la ley, por lo que, al ser acotados en el Sur de Campeche, las células delincuenciales buscaron nuevas alternativas y las encontraron en las amplias superficies donde se practica la agricultura y ganadería intensiva.

Otro aspecto que fue aprovechado por los miembros de la Delincuencia Organizada fue el hecho de que en los últimos años, en el área conocida como Punto Put (Punto de Unión Territorial), fueron abiertos caminos que comunican a las comunidades limítrofes de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que en la mayoría de los casos ni siquiera están identificados en la cartografía regional.

Ahora, es relativamente fácil ir desde Hopelchén hasta Bacalar, Morelos y Othón P. Blanco. Incluso se ha señalado al Gobierno de Quintana Roo como el responsable de financiar la construcción de caminos fronterizos sin contar con los permisos correspondientes. Los casos han sido denunciados públicamente, pero ninguna autoridad se ha atrevido a intervenir.

Otro de los problemas es la presencia de decenas de aeropistas clandestinas en la región común que comparten Yucatán, Campeche y Quintana Roo y, si bien es cierto que algunas fueron construidas durante el auge arrocero, otras carecen de permiso y son operadas por agroempresarios que se dedican al cultivo intensivo de soya, sorgo, maíz y arroz.

Otro aspecto importante a resaltar es que, por lo menos en los últimos 10 años, el incremento de los sobrevuelos ilegales sobre los territorios de Campeche y Quintana Roo también ha coincidido con la expansión de las superficies agrícolas que pertenecen al expansionismo menonita.

El hecho es que, intencional o en forma fortuita, el Gobierno ha propiciado que se haya mejorado o facilitado la operación del narco en la Península. Ahora, existen caminos ilegales de terracería y carreteras secundarias, cuya principal característica es que están en zonas donde es precaria o nula la vigilancia policial o militar.

Ahora, los narcos que operan en la Península de Yucatán ya no usan los caminos federales o las carreteras administradas por los gobiernos estatales, sino que están usando la infraestructura caminera secundaria, por la que se puede transitar desde Bacalar hasta Tenosique, Tabasco, sin ser molestado por autoridad alguna.

(POR ESTO! Campeche)

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