Del 2017 a la fecha, la Secretaría de la Contraloría recibió 313 denuncias y sólo dos canalizó a la Fiscalía Anticorrupción al considerar que NO eran hechos graves / Sanción por ejercicio irregular de dinero público es competencia de la ASE
CAMPECHE, Cam., 27 de febrero.- La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado ha recibido 313 denuncias del 2017 a la fecha, pero de éstas sólo dos casos se han canalizado a la Fiscalía Anticorrupción por considerar que eran hechos graves. El resto se desechó, reveló el titular de la dependencia, José Román Ruiz Carrillo, al argumentar que no tienen los elementos para turnar las quejas ante esa instancia.
Para el funcionario, al recibirse las denuncias anónimas éstas no tienen el sustento para profundizar en la investigación o dar el siguiente paso, que consistiría en canalizar el presunto hecho ilícito a la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
Y aunque resaltó que con el nuevo modelo de justicia administrativa se busca combatir la corrupción y se registró un elevado número de denuncias y quejas, también explicó que este esquema permite que el ente denunciado tenga la posibilidad de solventar las acusaciones que se le hacen, ya sea por desvío de recursos o por otro señalamiento.
Aclaró que tampoco supervisan obras que no estén concluidas, pues hasta que termine el proceso de ejecución de la obra pública es cuando procede a la supervisión y verificación de la misma, y tampoco es competencia de la Contraloría la clausura que haga la autoridad municipal de obras o servicios que se lleven a cabo.
Se deslindó de la inspección a los Ayuntamientos, ya que justificó es la Auditoría Superior del Estado la que tiene la facultad de auditar y sancionar sobre presuntas irregulares en el ejercicio del dinero público que manejan los alcaldes. Subrayó que las contralorías municipales pueden asumir esa función en caso de que no la cumpla la Auditoría Superior del Estado, por lo que pidió a los presidentes municipales a que instrumenten medidas de control preventivo para evitar que se generen observaciones o señalamientos, para corregir en donde presuntamente se cometió un acto de corrupción.
Anunció que se analiza la posibilidad de instrumentar los niveles de medición sobre lo que la ciudadanía piense del servidor público, si está satisfecho, no satisfecho o medianamente satisfactorio, ya que todo funcionario debe dar una atención responsable y respetuosa hacia el ciudadano.
Consideró que mediante esta medición se puede recomendar alguna sugerencia al área o departamento en donde se detecte este tipo de malas prácticas, ya que el ciudadano no tiene por qué sufrir si el servidor público llega malhumorado o de malas.
Y por lo tanto emitir las recomendaciones para que no vuelva a suceder al interior del área gubernamental o se fortalezcan las medidas de prevención para que no ocurra.
También dijo que en el nuevo sistema de justicia administrativa se deberían capacitar los medios de comunicación, tal como sucedió con el nuevo sistema de justicia oral acusatorio, en donde se impartieron cursos y talleres.
De acuerdo con el desglose de las quejas y denuncias ciudadanas expresó que en el 2017 fueron 133 solicitudes, se atendieron 82 y quedaron 51 pendientes, mientras que en el 2018 se recibieron 161 denuncias se atendieron 109 y en proceso fueron 40.
En lo que va de este 2019 ya se recepcionaron 19 quejas y se atendieron nueve solicitudes.
El Sistema de Denuncias del Estado de Campeche (SIDECAM) consideró que la plataforma digital permitió la resolución de los expedientes de forma ordenada y expedita, ya que de 2017 a la fecha fueron 313 denuncias recibidas, se atendieron 259 y en proceso de investigación y resolución se tienen 57, de las cuales sólo dos se turnaron a la Fiscalía Anticorrupción.
(Nicolás Guzmán)