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Eudaldo Chávez Molina ¡Crónicas del T´nab!

Un hecho inédito que sacudió esta semana el ambiente político, fue la aprobación en lo general del proyecto de reforma a la Constitución en materia de consulta popular y de revocación de mandato del Presidente de la República.

Hay que recordar que la revocaión de mandato fue una promesa de campaña del hoy Presidente de la República, la intención es darle todo el poder al pueblo para que ejerza su soberanía, pues el pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita.

La revocación de mandato es un arma de doble filo, pero favorece a quien tiene la firme voluntad de trabajar a favor del pueblo. Los que actúan a espaldas de los mexicanos le tienen pavor, miedo y terror, que sea el pueblo quien lleve el mando y la batuta de un gobierno.

Nunca en la historia política de México se había dado tanta importancia a la participación ciudadana, me atrevo a pensar que el mismo Andrés Manuel López Obrador se está poniendo en riesgo, porque si los que lo quieren tumbar, como el caso del Consejo Mexicano de Negocios invierte en otra guerra sucia, AMLO puede ser revocado en su mandato.

Aunque hay que destacar que hasta hoy, el trabajo de estos primeros más de cien días ha sido efectivo y confiable, en la percepción popular el mandatario federal va bien, pero falta mucho para llegar a los tres años de gobierno para poner en marcha la revocación del mandato por medio de una Consulta Popular. No hay duda de que AMLO trabaja a marchas forzadas a diario, para que el pueblo le refrende el respaldo y la confianza que se ha ganado desde el primer día en que asumió el poder presidencial.

La revocación del mandato no es más que el derecho y la obligación de los ciudadanos de votar en los procesos de calificación y de ratificación del poder. Y para que el pueblo pueda decidir se redujo el porcentaje del número de electores requeridos para que éstos puedan solicitar al Congreso de la Unión la realización de consultas populares en temas de trascendencia nacional, como lo es tambien la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes de la República. Si mediante la voz popular que lo exige, AMLO no enjuicia vía consulta, a los ex presidentes, ex gobernadores y ex alcaldes.

El que sustituya a López Obrador, si no es de su mismo partido, no se tocarán el corazón para enjuiciarlo a él, esto en caso de que lo que resta del sexenio, sus asesores y el gabinete del primer círculo lo presionen para apartarlo del camino del bien.

Con esta reforma México se convirtió en el primer país del mundo donde la consulta de revocación del mandato podrá ser convocada por el propio Presidente, es decir, podría ser un caso posible, que sea el mismo Andrés Manuel López Obrador el que solicite su propia revocación, lo que hable de su entera confianza de someterse a la soberanía popular.

Si bien en México no existe precedente de un sistema de revocación de mandato de carácter popular, en cambio sí existen normas para ratificar o cambiar al Presidente de la República, gobernadores y alcaldes. Darle participación al pueblo es lo que prometió en campaña López Obrador, y con la revocación de mandato se persigue es que la decisión radique en la ciudadanía, es darle poder de decisión al pueblo.

Eso es muy peligroso para los que actúan a espaldas de los ciudadanos y más aún para los que no lo benefician y le hacen daño. En este nuevo régimen de la Cuarta Transformación el pueblo ha sentido que se le tiene en cuenta, que la expresión de su voluntad cuenta y que es partícipe del gobierno.

Llama la atención que propuesta de que el Presidente de la República pueda ser removido y que la votación sea a medio sexenio de su periodo, el mismo día de la elección de diputados federales, se debe a que tan importante decisión coincida con el cambio del Poder Legislativo, es decir, que involucre a todo el poder político, y que éste proceso pase por la soberanía popular.

En el hipotético caso de que el cargo de presidente sea revocado, ciertamente que se produciría, al mismo tiempo, una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y en este escenario se daría una situación especial en esa asamblea constitucional llamada Colegio Electoral (ambas cámaras del Congreso con un quórum legal de dos tercios), en la que se tendría que elegir al nuevo mandatario, en un plazo de 60 días de interinato, cuando ya hayan llegado a San Lázaro los nuevos diputados. De esta manera se estaría integrando un nuevo gobierno con otro u otros partidos, en función del voto popular. Este sería un cambio político completo a medio sexenio, pero con la decisión del pueblo y de forma democrática.

En este escenario la revocación no se limitaría sólo a remover una persona, el entonces presidente, sino que se estaría cambiando de fuerza gobernante. En este panorama se concluye que el procedimiento de revocación del mandato presidencial, cuando se vincula a la elección legislativa, se transforma en un instrumento democrático mucho más trascendente que si se diera en forma aislada.

Las especulaciones en torno a esta reforma ha paralizado al Consejo Mexicano de Negocios, los ha dejado con miedo y nerviosismo, ya que la hipótesis de que un próximo proceso de revocación del mandato de López Obrador, el mismo día de la elección de Cámara de Diputados llevaría a MORENA a un gran triunfo electoral, mayor que el de 2018.

Partiendo de lo que hasta hoy ha hecho el mandatario federal, y de acuerdo a la forma de gobernar de AMLO se origina el cálculo de que siempre le irá mejor al actual presidente. Ya que su popularidad seguirá creciendo, pero la ratificación del poder presidencial no solamente se debe a su buena imagen y simpatía, sino a la efectividad de los resultados de sus propuestas.

Los partidos opositores están imaginando que en un proceso revocatorio en junio del 2021 sería como una especie de reelección del actual presidente pero dentro del tiempo de su propio sexenio, lo que se tendría que analizar a profundidad pero sacándolo del contexto político, y eso es ilógico.

Otro argumento opositor cuestiona que la revocación del mandato es un instrumento de participación ciudadana, por lo cual no se debería admitir que el presidente pueda proponerlo al Congreso, además de los legisladores y de un porcentaje de la ciudadanía.

Desde la aprobación de la reforma para convocar al proceso de revocación se levantaron sendas polémicas provenientes de la servidumbre del Consejo Mexicano de Negocios, acostumbrados a imponerse al Gobierno Federal y a marcar la pauta en el país por aquello de que son los que aportan el 30% de la riqueza nacional.

No hay que minimizar que los ciudadanos tienen todo el derecho de participar en la toma de decisiones, y que los mecanismos de participación ciudadana propiamente dichos tienen que ver con el derecho de proponer y con las consultas sobre casi toda clase de asuntos trascendentes en la vida pública, pero no tienen el mismo carácter que los mecanismos electivos y los revocatorios, en los cuales se define el poder, aunque, naturalmente, éstos también los determina la ciudadanía. Si el Congreso decidiera hoy en cualquier día puede remover al Presidente de la República mediante un juicio sin intervención popular.

Empresarios y legisladores contrarios al régimen han rechazado la reforma constitucional sobre la revocación del mandato, porque según los críticos este dictamen abriría las puertas a la reelección del presidente. Es una afirmación temeraria, esa decisión corresponde al pueblo, son los ciudadanos los que decidirán si remueven al presidente o le refrendan su confianza, no es ninguna jugada tramposa.

Pero además en los cuestionamientos que ha tenido el Presidente con la prensa, ha dicho que tiene palabra, que no va a reelegirse y ha hecho ese compromiso público, por si quedara alguna duda. Pero a estas alturas, porque pensar en una reelección cuando apenas empieza el sexenio. Los empresarios deben de serenarse, al final del sexenio se sabrá si las propuestas de AMLO se cumplieron y dejaron satisfechos a los mexicanos. Hasta hoy el pueblo está optimista y contento, hay un nuevo ánimo popular.

Tampoco hay que hacer a un lado que los que están contra México, buscan hacer saltar de la silla presidencial a López Obrador, y encaminarse al poder absoluto, ese es el verdadero objetivo del Consejo Mexicano de Negocios que surgió como una estrategia encaminada a influir en la economía del país y en las sucesiones presidenciales condicionando el modelo económico impulsado por los empresarios.

Los partidos políticos que el 1 de julio de 2018 no obtuvieron en las urnas la confianza popular intentan ahora congraciarse con el electorado, y por eso han escogido el camino de obstaculizar la adición de nuevos mecanismos del sistema político como las consultas y revocaciones, como las que ahora se han presentado y que se suman a la aprobación de la Guardia Nacional, entre otras más, que son las que más le urgen al país para empezar a transformar su destino. Este fue un cambio de régimen y vaya que el país está cambiando.

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