Campeche

Ante las indagatorias que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el caso de la “Estafa Maestra”, la salida del Rector de la Universidad Autónoma de Carmen (UNACAR) José Antonio Ruz Hernández, parece inminente, lo que inclusive ha generado el rumor entre la comunidad universitaria respecto a que próximamente habrá nuevo regente.

Tras darse a conocer a nivel nacional que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar y vincular a proceso a la ex secretaria, Rosario Robles, por el caso de la “Estafa Maestra”, en el que participaron el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos, donde se habrían desviado 7 mil 670 millones de pesos.

Como se recordará, la UNACAR se vio implicada en el caso de contrataciones y triangulación de recursos y desvíos a través de empresas “fantasmas”, bajo el esquema defraudador el ex Rector Sergio Augusto López Peña y el actual Rector de la UNACAR, José Antonio Ruz Hernández, se vieron ampliamente beneficiados mediante la firma de 11 convenios con Petróleos Mexicanos (PEMEX) Exploración y Producción, de los cuales obtuvieron comisiones por 331 millones 241 mil 100 pesos.

De acuerdo a la referida investigación, la estrategia de triangulación inició desde el 2012 con la subcontratación de 14 empresas “fantasma” y un particular para cumplir con servicios otorgados originalmente a la institución, principalmente por PEP, así como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENSICA).

Sin embargo, por dichos convenios firmados incluso hasta el 2015, bajo la Rectoría de Ruz Hernández, la UNACAR recibió mil 157 millones de pesos, de los cuales únicamente habría ejercido 826 millones 438 mil 300 pesos, pero bajo la subcontratación de empresas de reciente creación o incluso creadas exprofeso para tales fines.

Cabe destacar que el 28 por ciento de los recursos, 331 millones 241 mil 100 pesos, fueron la “comisión” con la que se quedaron los altos funcionarios de la institución. Sobresale que de las universidades involucradas, fue la UNACAR la que cobró las comisiones más jugosas.

Hace seis años, cuando José Antonio Ruz llegó a la Rectoría de la UNACAR, siguiendo el ejemplo de su antecesor, el 28 de agosto de 2013 firmó el convenio con PEMEX-PEP número 420403822 para que la universidad prestara servicios de “asistencia técnica y apoyo operativo” a la petrolera, por los que en 2013 recibió un total de 83 millones 953 mil pesos.

A pesar que, en el referido convenio, se acordó que la Máxima Casa de Estudios no podía subcontratar a terceras empresas. Sin embargo, sin ninguna licitación subcontrató a dos compañías por 71 millones 033 mil pesos; lo que forma parte de la referida “Estafa Maestra”.

Para el siguiente año, el Rector firmó siete convenios, de los cuales seis fueron con PEMEX Exploración y Producción y uno con Sagarpa-Senasica, este último por 901 millones de pesos, de los cuales 632 millones fueron desviados a 26 empresas.

Lo anterior fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y quedó en evidencia en el informe forense 14-4-99032-12-0206. Asimismo, “Mexicanos contra la corrupción” y el portal Animal Político documentaron que al menos 13 no debieron recibir recursos públicos por tratarse de empresas “fantasma”.

Asimismo, bajo el Rectorado de Ruz Hernández se adicionaron siete convenios, uno de ellos con fecha del 10 de septiembre del 2013, apenas unas semanas después de tomar el cargo, el 28 de agosto de ese año, el convenio de PEMEX-PEP número 420403822 para que la universidad prestara servicios de “asistencia técnica y apoyo operativo”, por los que recibió 83 millones 953 mil pesos.

Ante este contexto y el recelo entre el Rector y el Gobernador sustituto, Carlos Miguel Aysa, entre la comunidad universitaria se rumora que la salida de Ruz Hernández es bola cantada e inclusive ya se prepara a quien será su sustituto, pues, además de estas anomalías, persiste inconformidad entre la plantilla laboral ante el despido injustificado del que fueron objeto cerca de 400 trabajadores universitarios bajo su Rectorado y la aplicación discrecional del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

(Texto y fotos: Redacción / POR ESTO!)