CHAMPOTON, Campeche.- En las primeras horas de este miércoles, el conflicto entre más de 2 mil productores de caña y Grupo Azucarero del Trópico, propietarios del Ingenio “La Joya”, llegó a su fin tras la ratificación del acuerdo original, y el compromiso de realizar a partir del lunes 26 de agosto próximo el pago por concepto de liquidación de las cañas ingresadas a la factoría y cañas quedadas, durante la recién concluida zafra 2018-2019.
Al filo de las 02:00 de la mañana, los representantes de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (Ulpca) y de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), Ambrosio López Delgado y Guillermo Rojas, aceptaron que por las cañas quedadas asumirían el 40 por ciento de las pérdidas.
Así, el restante 60 por ciento por concepto de las pérdidas, que fluctúan entre los 14 y 16 millones de pesos, será pagado por el Grupo Azucarero del Trópico, propietarios del Ingenio “La Joya”.
Durante la pasada zafra, atribuible por parte de los productores a los problemas de la factoría, para efectos de molienda, no se procesaron 23 mil toneladas de la planta, por éstas exigían el pago como si hubieran ingresado.
Como parte de las negociaciones, Grupo Azucarero del Trópico procedió con el pago por un monto aproximado de 13 millones de pesos por concepto de cuotas de los productores cañeros al Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS).
Acusan protagonismo
de “Bocho” López
El acuerdo con relación a asumir el costo por las cañas quedadas a razón de 40 por ciento productores y 60 por ciento el Ingenio “La Joya”, fue tomado en la Ciudad de México el primero de agosto.
Sin embargo, el protagonismo del diputado local priísta y dirigente de la Ulpca, Ambrosio “Bocho” López Delgado, fue determinante para que, entre otras acciones, se bloqueara el acceso al ingenio azucarero.
Fuentes extraoficiales señalaron que “Bocho” López a modo de presión para que intervenga amenazó al Gobierno del Estado con bloquear la carretera federal Champotón-Campeche, a la altura de Ciudad del Sol, tal y como lo hizo en noviembre de 2014.
En respuesta, desde el cuarto piso del Palacio de Gobierno se le “invitó” a hacerlo con la seguridad de que, a diferencia de hace 5 años no se meterían las “manos al fuego” por él, y que por tratarse de un delito federal el ataque a vías federales de comunicación, tendría que asumir su responsabilidad ante la Procuraduría General de la República (PGR).
(Texto y fotos: Alejandro Landeros)