El 1 de enero del 2020 se convirtió en un hito por la trascendencia histórica que se sentó con la entrada en vigor del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), que en cumplimiento al Artículo 4 Constitucional, que tutela el derecho a la salud del Pueblo mexicano, puso punto final al saqueo y desvío de recursos de los gobiernos “prianistas” que convirtieron la salud de los mexicanos en botín y oportunidad para el fomento a la corrupción, el lucro pues en nombre de la vida del Pueblo.
El INSABI sepultó al Seguro Popular, que ciertamente, ni es seguro ni es popular, pues en los sexenios pasados el presupuesto asignado a los Estados fue usado para campañas políticas, por eso no alcanzaba, pero además es pretexto para hablar de recortes de la Federación, porque cuando se ejerce con higiene no queda nada para robar.
En Campeche, de acuerdo con la SFP, más de 50 millones de pesos se desviaron presuntamente a la campaña de la dirigencia nacional del PRI, tan sólo para imponer al ex gobernador de Campeche, que sigue actuando a la vieja usanza del rancio régimen con la imposición del dirigente estatal del partido, Ricardo Medina Farfán, quien fue criado bajo las siglas del PAN y usurpa la dirigencia bajo metralla y protesta de la escasa militancia, que ante la simulación, exige la democratización interna de los despojos de ese partido.
Por eso la entrada en vigor del INSABI viene a la vez a consolidar y fortalecer todo el andamiaje de la red hospitalaria del país, sentando las bases en el respeto y protección de la salud de los mexicanos, así como en el rescate de los hospitales olvidados e inconclusos por los actos de corrupción, que era la más grave enfermedad del lucro de los funcionarios con la salud del Pueblo mexicano, lo que se complementa con el combate a la monopolización de las medicinas, que fueron en el pasado un obstáculo para una buena atención en el Sector Salud.
Además, con la gasificación de los 80 mil servidores públicos del Sector Salud, la venta de plazas dejará de ser un negocio de los dirigentes sindicales, pues desde esas agrupaciones han construido enormes fortunas y cargos políticos. En tiempos de oro de la corrupción y la bonanza sindical, las plazas administrativas y de trabajo social, entre otras, llegaron a cotizarse hasta en 250 mil pesos. Solamente entraban a laborar a los hospitales los que pagan esa cuota, aunque también son usados para perpetuar en el cargo a los dirigentes, por miedo a ser despedidos.
Tristemente, célebre se recuerda la escuela “patita” de Candelaria o Escárcega, cuya dueña es precisamente una dirigente sindical, pero operaba bajo prestanombres, de donde se obtenían los títulos apócrifos, pues ni siquiera estudiaban la carrera de enfermería, pero que les servía para comprar una plaza en el sector. Esa grave denuncia quedó en el olvido, protegidos por el mismo gobierno, ya que los sindicatos obligaban a los empleados a votar por el PRI, siendo la fuente de votos e intercambio de favores políticos.
Aunque se reconozca la protección a la salud como un derecho humano, se tienen que atacar de frente los actos de corrupción del Sector Salud, para que los campechanos puedan tener acceso efectivo a los beneficios del INSABI, pero además que tengan un trato ético, sensible y cálido. Si el personal como enfermeras, trabajadoras sociales, médicos, por atender sus consultorios particulares están saturados y de mal humor, es mejor que renuncien, antes de traicionar el juramento de Hipócrates y se conviertan en funcionarios hipócritas sin vocación de servicio.
La pérdida de salud es, quizá, una de las mayores preocupaciones para las personas y las familias; se viven momentos de angustia por la gravedad de la enfermedad, de incertidumbre por el desamparo en que posiblemente se encontrarán quienes dependen económicamente de la persona enferma, de tristeza por verlo postrado y a eso se suma que el Gobierno de la Cuarta Transformación garantiza el derecho a acceder a servicios de salud para todos, sin mayor trámite que presentar cualquiera de estos documentos: credencial de elector, CURP o acta de nacimiento.
El alcance de la transformación de la seguridad social, mediante la protección a la salud como un derecho humano, confirma la preocupación del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cumplirle al Pueblo con una atención de calidad y medicamentos gratuitos, en los dos niveles, y en el caso del tercer nivel, también se accede con una cuota mínima, simbólica cuota de recuperación.
Con estas acciones humanitarias se hace iguales a los desiguales y el gozo que se reitera en cada uno de los miembros de la familia que se encuentran sin cobertura hace feliz al Pueblo. Eso es lo que sucede con 20 millones de personas para quienes la universalidad de los servicios de salud resultaba inalcanzable, resignándose a recibir servicios caros, deficientes, improvisados o limitados. Hoy esa desigualdad es historia.
El Seguro Popular, que debería ser el programa con que se cumpliera el mandato constitucional de otorgar protección de salud para todos, se volvió poco efectivo al no alcanzar tal cobertura y, mucho menos, lograr cubrir la mayoría de las enfermedades o proporcionar los medicamentos indispensables.
En el Senado, conscientes de que ese derecho es irrevocable y esencial para toda persona, porque sin salud se puede perder todo, nos hemos comprometido a que el Estado no sólo cumpla con su obligación de garantizarlo, sino también a proporcionarlo. Por eso, aprobamos sustituir el Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y, así, acabar con la desigualdad en los servicios de salud, para que su prestación sea gratuita, incluidos los servicios quirúrgicos, medicamentos e insumos para todos aquellos que no cuenten con IMSS o ISSSTE, sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o social.
De este modo, todos los que contaban con Seguro Popular mantendrán los servicios que se les proporcionaban y, para quienes no tenían cobertura de salud, únicamente deberán contar con la CURP, acta o certificado de nacimiento; ya no será necesario ser residente en el territorio nacional para recibir la prestación gratuita de servicios de salud, sólo basta encontrarse dentro del territorio nacional y no contar con seguridad social.
Nos hemos comprometido a que el Estado, como mínimo, deberá garantizar la prestación de servicios de consulta externa en el primer y segundo niveles de atención; la hospitalización para especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, así como medicamentos y demás insumos básicos.
Por otro lado, con el propósito de desincentivar la corrupción y el dispendio, se estableció en la nueva ley que los estados, a fin de optimizar los recursos, podrán firmar acuerdos con la Federación para que las compras de medicamentos e insumos se hagan de manera consolidada y lograr así mayores ahorros.
No hay margen para la corrupción y el lucro con la salud del pueblo, por eso los gobernadores panistas se han convertido en calumniadores del INSABI, denostando sus bondades y beneficios para el pueblo, pero sin oportunidades para el saqueo de los gobernadores que se resisten a firmar los convenios, pero si reclaman más presupuesto de la ubre federal.
Otra característica que se pretende lograr es la calidad en todas sus formas y niveles; que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario en buen estado y condiciones sanitarias adecuadas. De igual modo, se crea el Fondo de Salud para el Bienestar, con el cual se podrán atender enfermedades que provocan gastos catastróficos, así como la atención de infraestructura, medicamentos e insumos con preferencia a los estados con mayor marginación social.
Hay que insistir porque es necesario, dejar bien claro que todos quienes laboraban bajo el programa del Seguro Popular, médicos, enfermeras, enfermeros, administrativos o con cualquier plaza, les serán respetados sus derechos laborales y pasarán a formar parte del INSABI, a fin de que sigan en su loable tarea de prestar el servicio de salud, ahora sí para todos.
No hay que olvidar que la entrada en vigor del INSABI sentó un precedente histórico en la protección de la salud del pueblo mexicano, y al respecto no debe haber confusión de ninguna índole. El que requiere del servicio del sector salud, con solo presentar su credencial de elector, su CURP o su acta de nacimiento tiene que ser atendido diligentemente en forma gratuita y recibir a la vez medicamentos sin costo.
El INSABI sepultó al inseguro impopular que solamente sirvió para el saqueo y el desvío de recursos, porque en vez de medicamentos y servicios profesionales, solamente se utilizó para colmar ambiciones personales, patrocinar candidaturas y comprar diputados y senadores, lucrando con la salud del pueblo.
Al costo del menosprecio por la vida se amasaron fortunas y se construyeron mansiones, la inmoralidad electoral y política, permeo las estructuras de los hospitales abandonados, lo que propició la epidemia más devastadora que acabaría con la salud humana. La red hospitalaria del país padece de una enfermedad incurable y crónica, revertir sus daños colaterales es el mayor reto del gobierno de la Cuarta Transformación, y vaya que está cumpliendo.
Con la puesta en marcha del INSABI, que es mejor que el seguro popular, se respeta lo estipulado en el artículo 4 Constitucional referente al derecho a la protección de la salud del pueblo mexicano, que casi un siglo fue letra muerta, bandera de campaña de los nefastos gobiernos neoliberales y conservadores reaccionarios de la derecha moralmente derrotada, que furiosa arremete con este gran logro social, porque aún no digieren su derrota. Pese a todo la Cuarta Transformación avanza victoriosa.