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Primero fue la basura y ahora todo apunta a que el Gobierno Municipal pretende privatizar el servicio de agua potable, para hacer negocio con un bien público, cuyo acceso debe ser garantizado a cualquier ser humano, acusó el líder estatal de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), José Alaín Sánchez López.

“En todos los casos en que se ha procedido a conceder el servicio de suministro de agua potable, la principal justificación fue la abultada cartera vencida de los organismos operadores y ese es el camino que está tomando el Ayuntamiento de Campeche.

“Es cierto que el índice de morosidad respecto al pago del servicio de agua potable es elevadísimo en la mayoría de los municipios del Estado. Sin embargo, esta situación no solamente se debe a la falta de voluntad de pago de los usuarios, sino al ineficiente plan de recaudación de los sistemas municipales de agua potable.

“Tras décadas de negligencias, las instituciones que administran los sistemas de suministro de agua potable en el Estado están administrando problemas. Sus finanzas son deficitarias y únicamente se les ocurre acudir a mecanismos coercitivos y punitivos para obligar al usuario a pagar sus adeudos”, declaró el sindicalista.

El dirigente estatal de la Catem manifestó que los campechanos están plenamente conscientes de que deben pagar por el servicio de suministro de agua potable, “pero las autoridades deben ser conscientes de que en este momento de crisis la mayoría de las familias campechanas están imposibilitadas para desembolsar 3, 4 y hasta 10 mil pesos”.

En el rezago o morosidad en el pago del servicio de agua potable no solamente están involucrados los ciudadanos y el Smapac, sino también muchos promotores de vivienda que hicieron rentables negocios con la construcción de enormes fraccionamientos, pero se olvidaron de atender asuntos relacionados con la municipalización de los nuevos asentamientos humanos que comercializaron, manifestó el dirigente sindical.

Sánchez López afirmó que hay fraccionamientos en los que las familias que adquirieron viviendas, durante dos o tres años estuvieron impedidas para realizar los trámites para su conexión domiciliaria de agua potable, pues carecían de la documentación requerida.

“Desde que ocuparon sus viviendas estuvieron disfrutando del servicio de agua potable, pero no pagaban por asuntos de papeleo y burocracia. Como era previsible la deuda se abultó.

“Otro de los problemas es la complejidad para cumplir con los pagos moratorios, pues pareciera que la intención del gobierno es evitar que el usuario cumpla con su obligación y opte por incurrir en el pago del consabido moche”, dijo.

Sánchez López consideró que sería un lamentable error que el presidente municipal Eliseo Fernández Montúfar tenga la grandiosa idea de privatizar el suministro de agua potable, bajo la justificación de mejorar la calidad del servicio y acabar con la morosidad.

En los lugares donde se ha privatizado el servicio de suministro, como en el caso de Cancún, Quintana Roo, las tarifas que se cobran son excesivamente caras y quienes sufren las consecuencias son los más desfavorecidos económicamente, puntualizó el dirigente sindical.

(Joaquín Vargas Aké)

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