En este inicio de semana, los campechanos vivieron las de Caín y miles se vieron afectados ante el paro parcial de los concesionarios del transporte urbano, quienes colapsaron todo el engranaje económico de la capital, pues éste es un servicio elemental que mueve el capital humano de las empresas y las instituciones.
La acción de los concesionarios tuvo el propósito de presionar al Gobierno del Estado y al Instituto Estatal del Estado (IET) de Campeche, institución encargada de aplicar la legislación en la materia, para que les será autorizado un incremento a las tarifas vigentes o en su caso que nuevamente sean objeto de subsidios, sobre todo para la adquisición de combustible.
En pocas horas, los transportistas generaron afectaciones –en algunos casos graves- a trabajadores y empresarios, pues el servicio colectivo de transporte es esencial para el buen funcionamiento de las actividades que desempeñan la industria, el comercio, la burocracia y cualquier individuo que requiera recorrer grandes trayectos en la zona urbana y carezca de un vehículo o medio de transporte propio.
Sabedores de que prestan un servicio del que depende posiblemente más de la mitad de la población para poder movilizarse en la capital del Estado, los poseedores de títulos de concesión del transporte urbano concertaron la suspensión del servicio, en perjuicio de la ciudadanía, incurriendo -posiblemente- en violaciones a la norma en materia de transporte urbano, así como de acuerdos contraídos con las autoridades estatales.
Los concesionarios del transporte urbano ya se habían manifestado en otras ocasiones, pero previo a ejercer su derecho a manifestarse o expresarse, por lo menos emitían un comunicado a la ciudadanía en general. Sin embargo, en esta ocasión no fue así.
En consecuencia, ayer fue normal ver agolpados en esquinas y paraderos de vialidades principales y secundarias de toda la ciudad a trabajadores del comercio, la industria, burócratas, así como a estudiantes, esperando la llegada de los camiones que regularmente utilizan para trasladarse a su lugar de destino.
Entre los miles de afectados está Jovany, un estudiante de secundaria que habita en Exhacienda Kalá, pero que debe abordar dos camiones para poder llegar a su escuela, la Secundaria Técnica Número 1, sin embargo llegó tarde a su plantel y estuvo a punto de no ser admitido. Don Alberto, trabajador del Ayuntamiento, tuvo que abordar un taxi, pues el camión que cubre la ruta Centro Colonial no apareció y el tiempo apremiaba.
Paro deliberado
Si bien los concesionarios del servicio procuraron que por lo menos la mitad de sus camiones se encargaran de prestar un servicio a medias, fue evidente que actuaron en forma concertada y en su afán de que la ciudadanía y el Gobierno les regresara los ingresos y beneficios que perdieron en el 2014, cuando abandonaron su derecho al subsidio en combustible, a cambio de elevar en casi un 40 por ciento el costo del servicio y de ya no aplicarle el descuento a los estudiantes durante los sábados y domingo.
Si bien es evidente que el negocio ha perdido rentabilidad, también es cierto que la determinación de renunciar al subsidio para la adquisición de diésel fue una decisión que tomaron los representantes de las cooperativas y empresas concesionarias del multicitado servicio, cuyos consejos de administración están integrados fundamentalmente por exfuncionarios.
A pesar de los apuros, contratiempos y pérdidas que sufrieron este lunes los campechanos, el reclamo de los usuarios fue bastante moderado, pues tras saber que el servicio de transporte se estaba prestando en forma limitada, se preocuparon en buscar otras alternativas para llegar a su destino.
Ante la cuasi negación del servicio por parte de las empresas y sociedades cooperativas que buscan recuperar beneficios que ellos mismos menospreciaron, los usuarios actuaron con prudencia y no se notaron muestras extremas de inconformidad. Empero, al resultar la principal agraviada por la limitación del referido servicio, los operadores se ganaron una vez más el repudio ciudadano.
(Joaquín Vargas)