Incapaces de transitar hacia algún acuerdo, el conflicto entre concesionarios del transporte urbano y el Gobierno del Estado amenaza con empeorar, ante la postura gubernamental de no autorizar la petición de los empresarios del transporte público de incrementar el costo de las tarifas y la advertencia de elevar el nivel de sus protestas con el cierre de vialidades.
Un funcionario de primer nivel de la Secretaría de Gobierno del Estado declaró a POR ESTO! que en los diálogos que se han sostenido con los manifestantes, la parte gubernamental reconoce que en los últimos años los costos de operación de los transportistas se han elevado y que se debe buscar un acuerdo, que incluiría incluso el retorno de la figura del subsidio.
Sin embargo, la misma fuente aseguró que las empresas y cooperativas que poseen títulos de concesión del transporte urbano están siguiendo una ruta arbitraria, actuando en forma ventajosa y desleal en perjuicio de los usuarios.
La fuente consultada precisó que es responsabilidad del Gobierno del Estado garantizar el servicio del transporte urbano, pero que la Ley permite la participación de particulares mediante la figura de los títulos de la concesión y que en este acuerdo cada parte tiene bien definidos sus derechos y obligaciones.
Al respecto, es necesario mencionar que en el Capítulo Séptimo de la Ley de Transporte del Estado de Campeche (Artículo 91) se precisa que los concesionarios no podrán suspender la prestación del servicio público de transporte, salvo por causa de fuerza mayor o caso fortuito.
También se precisa en la legislación vigente que la suspensión del servicio de transporte urbano puede prolongarse hasta por 48 horas, pero que el concesionario debe dar aviso al Instituto Estatal del Transporte (IET), haciéndole saber a la institución rectora cuáles son las causas que originaron la suspensión y el tiempo estimado en el que se considera restablecerlo.
Es clara la Ley, en el sentido de que si los concesionarios no conducen sus actos legales en la ruta que establece la legislación, entonces serán objeto de sanciones, que incluyen el retiro del título de la concesión.
Nuestro entrevistado también mencionó que los prestadores del servicio del transporte urbano están incurriendo en actos deliberados y concertados que ponen riesgo el buen funcionamiento de las actividades económicas, burocráticas, escolares, etc., generando graves perjuicios a empresas, trabajadores e instituciones gubernamentales.
NO avisaron, grave error
A pesar de que hubo reuniones, previo a la crisis del transporte urbano que se está viviendo a partir del 20 de enero, al momento de suspender parcialmente el servicio, sin avisar previamente al IET ni a los usuarios, los concesionarios comenzaron a violentar la ley.
Asimismo, también es necesario precisar que la situación económica imperante en el país y en el Estado -sobre todo después de la crisis petrolera que se comenzó a vivir después de febrero del 2014- ha golpeado a muchos sectores y grupos productivos y que los que prestan el servicio de transporte de pasajeros es uno de ellos, debido al alza gradual que han tenido los combustibles, pero no es mediante actos de desestabilización social y económica que deben buscar las soluciones a un problema de interés social, como lo es el transporte.
SIN justificación alguna
Asimismo, nuestro declarante manifestó que hasta el momento los concesionarios en referencia no han presentado un análisis, diagnóstico o estudio que avale la no rentabilidad del servicio, ya que las evaluaciones que se han hecho al respecto apuntan a que si bien han disminuido las utilidades de las personas físicas y morales que se dedican al ramo transportista, el negocio sigue siendo rentable.
“De otra forma no se tendrían solicitudes de inversionistas locales y foráneos que quieren participar en el negocio del transporte público”, observó el informante.
También precisó que solamente hay que observar el tren de vida que llevan los dueños y representantes de cooperativas que prestan el multicitado servicio, para darse cuenta que a lo largo de décadas han obtenido ingresos multimillonarios.
“Los líderes y empresarios transportistas tienen un patrimonio enorme, gracias a las concesiones que les otorgó el Gobierno, pero ahora, cuando estamos en crisis se muestran poco solidarios, pues quieren seguir obteniendo los mismos ingresos que hace 30, 20 o 10 años.
“Esta crisis que se está viviendo en la capital del Estado, respecto al servicio del transporte urbano, también está poniendo al descubierto el problema de la escasa solidaridad que los empresarios del ramo tienen con sus trabajadores, a quienes dan un trato contractual, ilegal y abusivo.
“En la mayoría de los casos, los conductores contratados por los concesionarios no son en realidad empleados de base, sino personas que trabajan a destajo, ya que se les ofrece hasta el 7 por ciento de lo que obtienen durante la jornada.
“Entonces, casi la totalidad del ingreso diario es depositado directamente a las cuentas de las empresas transportistas, que se esmeran también en no respetar derechos elementales del trabajador, como es de proveerlos de seguridad social”, patentizó nuestro informante.
(Joaquín Vargas)