Debido a la presunción de que se sembró soya y maíz transgénicos en este ciclo 2020, organizaciones indígenas y ambientales presentaron denuncias ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); igualmente, aseveran que se trata de un desacato a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por medio de un comunicado expresaron su indignación el colectivo que representa a las comunidades mayas de Hopelchén y Campeche, asociaciones de Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), por lo que procedieron a demandar este acto de daño ambiental contra las siembras de soya y maíz, al haber sido genéticamente modificadas.
Epicentro de ilegalidad
Piden a las autoridades agrícola y ambiental que realicen labores de inspección y vigilancia en el área aledaña al ejido de Komchén, en el municipio de Hopelchén, donde se presume la presencia ilegal de soya y maíz alterados biológicamente.
En el texto resaltan que por quinto año consecutivo Hopelchén se ha convertido en el epicentro de la ilegalidad, tras existir indicativos de que en este ciclo agrícola de nueva cuenta los productores incurrieron en el desacato judicial de cultivar soya transgénica, pese a que el permiso 007/2012 de la empresa Monsanto (hoy de Bayer), permanece suspendido desde noviembre del 2015 por la SCJN.
Lo anterior tiene lugar mientras se realiza la consulta indígena, aunado a la revocación de dicho permiso por Senasica desde el 15 de septiembre de 2017, confirmada por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el pasado 18 de agosto de 2020.
Indigenistas y ambientalistas también denunciaron la posible siembra ilegal de maíz transgénico en la región de los Chenes, pese a estar igual prohibido en el país.
Al respecto, exponen los activistas que se observó la aplicación del herbicida glifosato en predios reportados como sospechosos.
Calificaron de grave la posible presencia de maíz transgénico, ya que no existen permisos para su siembra desde 2013 y se dispone de medidas cautelares que lo prohíben.
Estas denuncias provienen de 53 organizaciones, colectivos y personas para salvaguardar los maíces nativos de México.
Una de las razones más importantes que se esgrimieron para otorgar la suspensión de productos agrícolas modificados de manera sintética, es porque contaminan los cultivos de maíz nativo.
Recordaron que en el 2016, el Senasica, dependiente de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), aceptó que se sembró soya transgénica en 16 predios de Hopelchén, pese a las restricciones legales.
Por lo cual demandan a las autoridades correspondientes actuar sin demora, debido a que la cosecha de maíz se hace en diciembre y deben sancionar a quien incurra en la violación de la legislación nacional, en detrimento de la bioseguridad del país.
Peticiones
Las agrupaciones exigen que se asegure el material y se identifiquen los puntos de distribución y/o las rutas de ingreso de las semillas genéticamente modificadas; además de solicitar que se establezcan medidas de bioseguridad para proteger el medio ambiente y las comunidades mayas.
Sembrar semillas transgénicas puede alcanzar multas de hasta 2 millones 600 mil pesos, por violaciones a la regulación de bioseguridad en México, y podría duplicarse dicha cantidad en los casos de reincidencia, de acuerdo al artículo 120 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Por Wilbert Casanova