El secretario de Gobierno, Pedro Armentía López, reiteró que es improcedente que el Gobierno del Estado otorgue apoyos económicos a las sociedades cooperativas de transporte, como han sido solicitado por los empresarios, ya que no existe una partida presupuestal para ese rubro y la Ley de Disciplina Financiera determina de manera clara dónde deben aplicarse los recursos públicos.
Como se recuerda, empresarios de las sociedades cooperativas de transporte público suspendieron de manera parcial los servicios de transporte como medida de presión para acceder a incremento de tarifa o un subsidio mensual de 10 mil pesos por unidad.
Ante ello, el funcionario estatal ofreció a los transportistas tramitar un financiamiento a través de Bancampeche, mediante un programa denominado “Creditransporte”, porque los recursos públicos asignados como presupuesto deben aplicarse a obras y acciones para los que fueron etiquetados y ninguna partida es para el financiamiento del transporte público.
Aclaró que con el fin de apoyar a los dueños de las concesionarias se estarán otorgando financiamientos a través del programa “Creditransporte”, misma que corresponde a Bancampeche.
Dijo que ésta es una de las propuestas que pretenden presentar a los diputados locales en materia de transporte, lo cual quedará en manos del Congreso del Estado aprobarla.
El secretario general de Gobierno, Pedro Armentía López, dijo que los empréstitos del programa “Creditransporte” podrán ser solicitados por los dueños de unidades que quieran mejorarlas y ello forma parte de las opciones que se les habían presentado a los transportistas para recibir apoyos e invertirlos.
Este programa opera a través de la Secretaría de Fomento Industrial y Comercial (Sedeco), en la cual los transportistas podrán adquirir créditos con tasas menores; por lo que subraya que hay opciones para todas sus demandas que fueron recibidas, pero nuevamente “les reiteramos, no hay subsidio ni aumentos”, aseveró.
Dijo que el tema del reglamento será analizado, así como las multas, el pago de los derechos, placas, resello, el costo del tarjetón, así como el examen antidopaje y la capacitación. “Estamos valorando todo, para que si un transportista o un prestador de servicios no sean de calidad no podrán seguir circulando; esto llevará tiempo, pero poco a poco lo lograremos”, subrayó.
Dijo que los transportistas, tienen la obligación de mantener en buen estado las unidades, ya que es responsabilidad de los concesionarios. “Cualquier recurso que se pudiese otorgar a manera de apoyo provendría del erario público, y las contribuciones de la ciudadanía no tienen la obligación de sostener el parque vehicular de las empresas”, precisó.
Finalmente, recordó que la Ley da facultades al Instituto Estatal de Transporte (IET) para iniciar procedimientos administrativos e imponer sanciones legales, tales como la revocación de la concesión, así como prever las acciones que sean necesarias para restablecer la prestación del servicio público.
(Karina Gómez)