En respuesta al reclamo por los recortes que aplicó a Juntas y Comisarías Municipales, Eliseo Fernández Montúfar impone un plan para auditar con severidad el gasto de estas autoridades auxiliares, a pesar de que éstas nunca han sido autónomas para decidir sobre el uso de los exiguos recursos que les son asignados.
“Las auditorías son una medida a las que los funcionarios auxiliares de los ayuntamientos debemos someternos. En mi caso no puedo decir que existan extralimitaciones, pero tengo conocimiento de que a otras juntas se les está supervisando en forma excesiva”, reconoció el representante de la Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil, Juan Carlos Salazar Hernández.
Entrevistado en Campeche, el edil bonfileño señaló el apoyo en vales de combustible de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que a través del Gobierno del Estado entrega al Ayuntamiento de Campeche, el cual no supera el millón y medio mensual y que éste debe ser renovado al inicio de cada administración municipal y cada año, pero que ni siquiera esa información está disponible.
Consideró que podría ser posible que, desde el año pasado, los ayuntamientos de Campeche y el Gobierno del Estado dejaron de recibir el mencionado apoyo, pero que la administración de Fernández Montúfar no les ha informado al respecto.
Expuso que lo que sí puede afirmarse es que el Ayuntamiento de Campeche ha procurado filtrar información que tiene como propósito subrayar o afirmar que las juntas municipales nunca han dejado de percibir el apoyo en combustible y que las autoridades auxiliares, incluyendo a las que representan al Partido Acción Nacional (PAN), están haciendo un uso indebido del presupuesto.
De acuerdo con Salazar Hernández, la postura de Fernández Montúfar no privilegia la negociación o el acuerdo, porque considera que sus autoridades auxiliares son discapacitados políticos.
El bonfileño consideró que si el edil procurara un escenario que favoreciera la negociación, seguramente se podría llegar a un acuerdo favorable para las comunidades rurales representadas por las juntas, comisarías y agencias municipales, pero que hasta el momento el ambiente ha sido hostil, pues el panista llegó al grado de acusarlos de corruptos.
No ocultamos nada
Por su parte, el secretario de la Junta Municipal de Pich, Ramiro Cámara Cámara, declaró que es cierto que, desde que estalló el tema del reclamo por los recortes presupuestales, la administración municipal ordenó un plan fiscalizador que únicamente está siendo aplicado a las autoridades “rebeldes”.
Expuso que desconocen el resultado de muchas de las acciones fiscalizadoras, pero que consideran que éstas no tienen otro propósito más que acosar a las autoridades auxiliares de la Comuna campechana, ya que ellos nunca han sido realmente autónomos para ejercer el dinero que se les da.
Cámara Cámara expuso que en los casos de los proveedores importantes, éstos son los sugeridos o los que decide contratar el Ayuntamiento y que el pago de nómina y otras prestaciones que requiere la Junta Municipal “nunca son autorizados sin el aval de la Comuna de Campeche.
(Joaquín Vargas)