Influenciados y capacitados por integrantes de la organización Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), en la entidad, el grupo de inconformes de los barrios de Camino Real, Santa Lucía y Bellavista conformaron el llamado Colectivo 3 Colonias, a través del cual promueven amparos para impedir su reubicación, e informaron que han logrado suspender las entrevistas programadas por ONU-Hábitat durante el mes de abril y mayo debido a la contingencia sanitaria.
Como se recuerda, el pasado mes de enero, el Cripx, conformado por 13 personas, promovió un amparo argumentando que la consulta indígena fue simulada y fraudulenta.
Pese a que fue admitido el amparo, Fonatur aseguró el proyecto no se detiene y en la reunión de seguimiento celebrado el pasado mes de marzo, los comisarios de las comunidades indígenas de Xpujil reafirmaron su apoyo al proyecto Tren Maya y harán llegar las actas de sus asambleas al Juzgado de Distrito.
A raíz de esta noticia, el grupo de personas que viven cerca de las vías del tren y que no desean ser reubicados, acudieron a Calakmul para establecer contacto con los integrantes del Cripx, quienes a su vez accedieron a brindarles capacitación y asesoría para interponer un amparo.
El caso de Campeche
En el caso de las colonias de la Ciudad de Campeche, de acuerdo con una encuesta realizada por ONU-Habitat, el 84 por ciento de la población que vive alrededor de las vías ferroviarias integradas en el proyecto del Tren Maya está a favor de una posible reubicación, mientras que el 16 por ciento revela su inconformidad con esta decisión.
Hasta antes del inicio de la pandemia, ONU-Habitat había contactado con un total de 119 personas, de ellos 67 mujeres y 52 hombres de los barrios de Camino Real, Santa Lucía y Bellavista, y tenían programado entrevista del 13 al 20 de abril, fecha que quedó dentro de la contingencia sanitaria.
Durante esta fecha, programó las entrevistas en coordinación con el Gobierno de Campeche, el tema era respecto a la composición del hogar; características de la vivienda y servicios urbanos; así como opciones preferenciales ante una posible relocalización.
Las entrevistas se realizarían vía telefónica o visita personal, según la preferencia que cada uno elija; y tendrá una duración de entre 30 y 45 minutos. En el caso de aquellos que elijan la visita presencial; se mantendrán las medidas de seguridad sanitaria recomendadas por las autoridades en el contexto actual de pandemia por coronavirus (Covid-19).
Ganan amparo contra entrevistas
De acuerdo a los vecinos de estas colonias, las entrevistas programadas por la Organización de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), como parte de la relocalización fueron suspendidas por el Juzgado Primero de Distrito, al admitirles un amparo y deberá reanudarse hasta que concluyan las medidas sanitarias.
Guadalupe Gutiérrez Cáceres, integrante del Colectivo 3 Colonias, que agrupa a los vecinos de Santa Lucía, Camino Real y la Ermita que viven en las inmediaciones de la vía férrea, quienes están en contra de la reubicación de sus viviendas como propone el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), afirmó que este “proceso no podrá continuar mientras dure la contingencia sanitaria”.
De acuerdo con el texto el pasado 17 de abril, el Colectivo presentó una demanda de amparo en el Juzgado Primero de Distrito en contra del Gobierno Federal por iniciar el denominado proceso de reubicación de las personas que habitan sobre el derecho de vía del ferrocarril como parte del inicio de los trabajos de ampliación y construcción para el Tren Maya.
El argumento esgrimido, precisa es que pese a la contingencia por la pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19), Fonatur en conjunto con la oficina para México de ONU-Habitat llevaba a cabo los censos y reuniones con los habitantes de las citadas colonias para proceso de relocalización, como denominan a la reubicación.
Por lo anterior los vecinos de las tres colonias denunciaron que estas acciones los ponían en riesgo de contagio e incluso de sufrir un desalojo forzoso durante la contingencia sanitaria.
El comunicado asienta que con esta suspensión que emitió el Juzgado Primero se garantiza que no se continúe con el proceso de censos y entrevistas que se requieren para el proceso denominado de relocalización.
Para los vecinos, la relocalización es un proceso de desalojo forzoso disfrazado con las acciones de ONU-Hábitat, también dan a conocer que el 15 de junio el Juzgado deberá decidir si mantiene la medida de protección.
Por su parte el asesor jurídico del Colectivo, Carlos Escoffie, argumentó que “no existen motivos para considerar que el proceso de relocalización se realice durante la pandemia, sobre todo por el temor y el estrés adicional que le está generando a la población”.
(Nicolás Guzmán / W. Casanova)