El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) cumple con las medidas sanitarias en las entrevistas para evitar la propagación del COVID-19 y reitera su disposición para encontrar una solución consensuada para la relocalización de los vecinos que viven cerca de las vías del ferrocarril: los casos de quienes no acepten la reubicación serán turnados a las autoridades competentes para que éstas determinen su situación, siempre con el respeto de los derechos humanos.
En un comunicado de prensa, ONU-Hábitat explica que desde el pasado mes de febrero monitorea en la ciudad capital el cumplimiento de derechos humanos y la búsqueda de una solución consensuada, ante la necesidad de relocalización de las familias que viven en el derecho de vía del tren.
En este proceso, precisa que se “tenía previsto un censo de población que no se pudo realizar debido a la contingencia por COVID-19. En su lugar, a finales de marzo se realizaron entrevistas con la debida sana distancia y, a partir de abril, vía telefónica”.
De acuerdo con el texto del organismo internacional, “en Campeche, ONU-Habitat vela por el cumplimiento de los derechos humanos y promueve que no haya desalojos forzados por parte de las autoridades responsables, que se cuide la seguridad de las personas”.
Además de que “se fomente la articulación de los tres órdenes de Gobierno, la participación de la comunidad en las tomas de decisiones, la construcción de un abanico de opciones de vivienda adecuada o compensaciones económicas y la seguridad de la tenencia de la vivienda”.
“En el caso de las familias que no acepten la relocalización, los litigios se resolverán a través de las autoridades competentes, sin que ONU-Habitat tenga ningún tipo de intervención al respecto”.
Ante la contingencia sanitaria por el coronavirus, plantea que una vez que el contexto actual lo permita, “retomará las asambleas informativas con las familias que residen en el derecho de vía del tren, con la intención de recoger sus inquietudes, comunicar los avances en el proceso de negociación y apoyar en la búsqueda de soluciones que mejoren sus condiciones de vida”.
Elabora “un listado de opciones habitacionales de compensación para que las familias elijan la más adecuada a sus intereses; se incluyen proyectos habitacionales en distintos predios identificados en las proximidades de las colonias donde residen las familias y la organización de concursos de arquitectura y urbanismo”.
Por lo que ONU-Hábitat reitera “su compromiso con las familias de Campeche que residen frente a las vías del tren y su apoyo a las autoridades responsables de la relocalización, velando para que éste sea un proceso que respete los derechos humanos y mejore las condiciones de vida de las familias, así como su seguridad”.
El organismo internacional asegura que “en ningún momento se ha violado el protocolo sanitario establecido por el Gobierno Federal y que no es su mandato decidir sobre la relocalización de personas, sino ayudar a encontrar una solución consensuada en el marco del pleno cumplimiento de derechos humanos”.
Junto con Fonatur, que tiene a su cargo el proyecto del Tren Maya, es que proporciona “apoyo técnico para garantizar una negociación justa que responda a los intereses de las familias, ya se entrevistó con aquellas personas interesadas en el proceso de relocalización consensuada, para conocer sus preocupaciones y propuestas”.
(Wilbert Casanova Villamonte)