Mientras persista la contingencia sanitaria, las personas que han sido despedidas injustificadamente de sus empresas no podrán interponer sus denuncias y tendrán que esperar hasta que se activen las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje, explicó el abogado laborista Raúl Mex Matú en entrevista con POR ESTO!.
Debido a la situación de salud que prevalece en el país y en Campeche ante la pandemia del COVID-19, la actividad jurídica laboral está suspendida y los obreros no pueden proceder para presentar sus quejas hasta que reanuden su funcionamiento las oficinas.
Mex Matú lamentó que también, por el uso de la terminología con la que se determinó la pandemia en el país, como “emergencia”, en lugar de “contingencia sanitaria”, algunas empresas no pagarán el mes de salario a sus trabajadores y en muchos casos se les despidió o solamente se les dijo que ya no habría trabajo, pero sin cubrirles algún monto económico.
Con al menos 120 casos de despidos acumulados en su oficina, de empresas de restaurantes como Chilis o Trompos o de cadenas como Elektra, tanto en Campeche como Ciudad del Carmen, consideró que la cifra de personas que acuden con abogados del ramo laboral puede aumentar significativamente, tanto para asesoría o denuncia en su caso, aunque insistió por el momento sólo se puede redactar el oficio y esperar a que abran las oficinas de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Asimismo, indicó que por ahora no se puede hacer ningún trámite y no corren los tiempos jurídicos por el cierre de las oficinas, a consecuencia de la pandemia del coronavirus, por lo que no se puede hacer ningún proceso judicial.
Asimismo, aclaró que tampoco procede ningún tiempo con respecto a la denuncia por despido injustificado, por lo que, en este rubro, los trabajadores afectados iniciarán su proceso hasta que se ingrese la denuncia en la Junta de Conciliación.
También reconoció que los despidos impactan en el rubro económico, ya que las personas se quedaron sin empleo también se quedaron sin el sustento de sus familias, para quienes están casados y con hijos, porque dejan de aportar en la economía de las mismas.
Amplia posibilidad de ganar juicio
De la posibilidad de que estas personas ganen el juicio por despido injustificado, ésta es amplia, tomando en consideración la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, mientras no se pueda interponer la denuncia y, de esta manera, comiencen los plazos jurídicos para solicitar la reposición de los ingresos, estos trabajadores padecerán la problemática social y económica de no tener un empleo.
Por ello insistió que, con base en lo expuesto por las personas que dejaron de laborar, la ley está de su parte, ya que se incurrió en una ilegalidad, aunque por ahora no sirve de mucho porque los juzgados laborales no están atendiendo las denuncias.
Además, planteó que otra posibilidad es que los afectados acudan a las Procuradurías Federales o Estatales de la Defensa del Trabajo, la Defensoría Jurídica Pública en el ámbito laboral, para que estas instancias acudan a la Secretaría del Trabajo (STPS) y se inspeccione a las empresas con el objetivo de conocer la situación en que se encuentran. Sin embargo también señaló que si éstas no son prioritarias y las cierran, también puede ser una excusa para los patrones para no pagar.
El argumento de los empleadores para no cubrir el mes de salario que estipula la ley sería que el término “contingencia sanitaria” no está en el decreto, por lo que tampoco sería una ayuda para el obrero que cerraran la empresa de donde lo despidieron.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (SPTS) a nivel federal informó que debido a la pandemia del COVID-19, más de 346 mil puestos laborales se habían desde el inicio de la contingencia sanitaria hasta los primeros días de abril y, según las cifras oficiales, ya había unos 3 mil 107 desempleados en el Estado de Campeche, lo que representa una pérdida del 37 por ciento respecto al total de los 8 mil 395 empleos creados durante el 2019 en la Entidad, de acuerdo con cifras de trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el año pasado.
(Wilbert Casanova Villamonte)