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La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB da seguimiento a mecanismos de liberación a 1,176 personas en 25 estados y 22 de ellas corresponde a Campeche
En los dos centros de reclusión del Estado de Campeche, están en proceso de estudio los casos de 22 reos que podrían beneficiarse de mecanismos de liberación en el contexto COVID-19, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en el documento “Segunda entrega de abril y mayo 2020 de las Observaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante la contingencia”.
De acuerdo al reporte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB, los centros de reclusión conjuntan una serie de factores que los hacen propicios para la propagación rápida de un virus como el SARS-CoV-2 y las medidas sanitarias pueden ser difíciles de implementar.
En México, existen 185 mil personas privadas de su libertad (PPL), en especial vulnerabilidad ante un contagio, especialmente quienes tienen factores de riesgo adicionales, tales como mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Precisa que al corte del 31 de mayo con datos de fuentes abiertas, registraban 228 casos confirmados de COVID-19 en centros de reclusión, 14 defunciones y 168 casos de contagio por confirmar.
Ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas privadas de la libertad, dan seguimiento a los mecanismos de liberación en el contexto COVID-19 que han implementado algunos estados, hasta el mes de mayo tenían reportado 1,176 personas beneficiarias de mecanismos de liberación y en proceso de estudio 3,719 en 25 estados.
Para el caso de Campeche, las personas en proceso y beneficiarias de mecanismos de preliberación por COVID-19 con corte al 31 de mayo, son 22 personas privadas de su Libertad y una preliberación otorgada.
En el Estado de México, a través de mecanismos de preliberación establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), ha puesto en libertad a 184 personas privadas de la libertad, además, les fue otorgada la libertad condicionada con el uso de brazaletes electrónicos a mil 864 personas.
Los estados en revisión de casos de Personas Privadas de su Libertad que se tiene previsto salgan ante el contexto COVID son: Morelos (1,200), Baja California (507), Nuevo León (467), Guanajuato (342), Sonora (252), Ciudad de México (121), Quintana Roo (120), Oaxaca (102), Baja California Sur (58), Michoacán (50), Nayarit (44), Jalisco (30), Campeche (22), San Luis Potosí (13), Tlaxcala (8), Veracruz (5), Tamaulipas (4) y Yucatán (3).
Los estados que no tienen registro de ningún proceso de preliberación son: Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Tabasco. El gobernador de Puebla dio a conocer el día 27 de mayo la habilitación de una cárcel para personas privadas de su libertad diagnosticados con COVID-19.
Se incurrió en medidas extraordinarias: SEGOB
Por otra parte, en el documento “Segunda entrega de abril y mayo 2020 de las Observaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante la contingencia”, refiere que Campeche incurrió en tres medidas extraordinarias en contra de los derechos humanos, tales como la instalación de un filtro sanitario, el uso obligatorio de cubrebocas y uno clasificado como de otro tipo.
Aclara que la restricción de movilidad se implementó en ocho estados: Campeche, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Sonora, en algunos de estos estados se han documentado abusos de autoridad o uso excesivo de la fuerza”, determinó.
En el caso de las medidas extraordinarias que incluyen multas como sanción posible, la dependencia federal declaró que Campeche tuvo dos medidas estatales.
Abundó sobre las peticiones en contra de actos discriminatorios relacionados con COVID-19 por entidad federativa, que en Campeche hubo dos de estas quejas ante la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
La Segob mencionó que para cumplir con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos una medida debe cumplir con las características de objetividad, temporalidad, proporcionalidad e idoneidad, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración insta a todas las autoridades de gobierno a abstenerse de implementar medidas coercitivas sobre las personas y concentrar sus acciones en los ámbitos laboral, educativo y recreativo.
“La declaratoria de regreso a la Nueva Normalidad no implica en ningún caso reforzar medidas coercitivas sobre las personas, ya que este tipo de medidas son potencialmente violatorias de los derechos humanos. El regreso a las actividades mediante el semáforo epidemiológico debe ser un trabajo conjunto de corresponsabilidad con la población para reducir al mínimo posible la transmisión del virus SARS-CoV2 y las expresiones de discriminación y estigmatización social”, apuntó.
Recordó que las medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria deben implementarse con estricto apego a los derechos humanos de todas las personas y que para garantizar esto, las medidas de restricción a la movilidad implementadas deben ir dirigidas a los ámbitos laboral, educativo y recreativo, y, no a las personas en lo individual.
Las medidas dirigidas a las personas deben ser positivas, apelando a la corresponsabilidad, por lo que este enfoque no sólo es más efectivo para reducir la movilidad y con ello la transmisión del virus SARS-CoV2, sino también para reducir el impacto social diferenciado de la contingencia y evitar abusos de autoridad.
“En este sentido, las medidas que se implementen en relación con el semáforo que establece la Secretaría de Salud deben de priorizar la responsabilidad y solidaridad social y en ningún momento generar una carga lesiva hacia las personas”, remarcó.
Por Amaury Sánchez Burelo