El pasado primero de octubre, se presentó a la Cámara de Diputados, una iniciativa de Reforma Constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contiene 9 artículos Transitorios. Dicho documento es de alto impacto con relación al actual modelo energético; en específico, al sector eléctrico, sin embargo, tiene implicaciones también en el sector de los hidrocarburos.
De acuerdo con un estudio realizado por la CIEP, la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica representa un regreso a un modelo de monopolio eléctrico a favor de CFE, asegura que la separación legal de sus empresas subsidiarias; generación, transmisión y distribución se elimina, por lo que vuelve a ser una empresa que domina toda la cadena de valor eléctrica.
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Además, se detalla la eliminación del carácter de Empresa Productiva del Estado, a la cual está sujeta la comisión y la separación legal de sus empresas subsidiarias; encargadas de la generación, transmisión y distribución, también se elimina, por lo que vuelve a ser una empresa que domina toda la cadena de valor eléctrica.
Ante ello, el abogado Manuel Jesús Romero Cach, asegura que “las concesiones de explotación de minerales permanecen, pero ninguna tendrá facultades para explotar el litio” es decir, que se pretende “garantizar la seguridad energética del país y que todos los mexicanos podamos tener acceso a una tarifa eléctrica justa” al retener la producción en el país, pero aseguró que, para ello, hace falta en México, mayores plantas de subestación.
El archivo también señala que se pretende garantizar una participación de mercado para la comisión de al menos 54 por ciento, es decir, que tendrá mayor control de las energías, y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) pasará a ser parte de la CFE, por lo que esta empresa es la que decidirá qué plantas generadoras de energía se considerarán en la red de abastecimiento.
El abogado cataloga como buena, la desaparición de los órganos reguladores del sector energético como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), porque otorga a la comisión la facultad de decidir las tarifas de transmisión, distribución y a usuarios finales.
Es bueno porque con ello, “los permisos de generación eléctrica y los contratos de compra-venta con el sector privado se cancelan. Asimismo, los certificados de energía limpia, instrumento de promoción de energías limpias, se eliminan” señaló Romero Cach.
En su análisis, el CIEP señala que los cambios representan una contrarreforma eléctrica que favorece a la CFE en contra de inversiones privadas al sector eléctrico, lo que debilita a la industria eléctrica en su conjunto; dichos cambios implicarían un daño a las finanzas públicas, pérdida de competitividad de la economía y mayores emisiones de gases de efecto invernadero.
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JG