Llega a los órganos de procuración de justicia del Estado otro hijo de Marcela Muñoz Martínez, se trata de Arturo Bravo Muñoz, quien fue nombrado vicefiscal en el estado por Renato Sales Heredia, Fiscal General de la entidad. Además, formará parte del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Cocodi).
A raíz de esta imposición, en redes sociales critican a Renato Sales Heredia por esta decisión, quien presumió de transparencia y cero nepotismo en su gobierno morenista. Le reclaman también que, en septiembre, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche (Sspcam) impulsó a su hija al poder y el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, otorgó la designación de directora de la Policía Municipal de Carmen a Samantha Bravo Muñoz, a quien señalan por no frenar en el municipio el aumento de robos y asesinatos en la entidad.
Otros cargos que ha repartido la gobernadora en familias de sus funcionarios son con Raúl Pozos Lanz, elegido como secretario de Educación; luego, su hermana, María Iliana Pozos Lanz, es la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y su cuñada, Perla Karina Castro Farías, fue nombrada magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia de Campeche.
Con esta designación que hizo Sales Heredia de Arturo Bravo Muñoz como vicefiscal en Campeche, el Fiscal General se suma a las prácticas del viejo régimen al tejer una red de nepotismo y por consiguiente de corrupción. De esta manera, Marcela Muñoz Martínez es la segunda funcionaria de primer nivel en usar su cargo para beneficio de su árbol genealógico, como lo han hecho Raúl Pozos Lanz, el propio Sales Heredia, Rashid Trejo Martínez, Celia Rodríguez, Margarita Duarte Quijano, Ricardo Sánchez Cerino, Armando Toledo Jamit y Mauricio Arceo Piña.
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Además, está Diana Arceo Sánchez, titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche; Armando Toledo Jamit es jefe de la Oficina de la Gobernadora y su hermana, Gabriela Zdeyna Toledo Jamit, es oficial Mayor en el Poder Judicial del Estado de Campeche, y la hermana de la diputada Dalila Mata Pérez, Viviana María Mata Pérez, es coordinadora de la Procuraduría Federal del Consumidor en Carmen.
Para cerrar el círculo de tráfico de influencias, por lo menos hasta ahora, Mario Pavón Carrasco, como director del Sistema DIF Estatal, y Gerardo Sánchez Sansores, en Comunicación Social, sobrinos de Layda Sansores.
Estos nombramientos violan el Inciso II del Capítulo XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que advierte “conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros”.
También, trasgrede de forma flagrante el Artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas Federal que estipula que “cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado”.
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CG