Trabajadores de diversas áreas de gobierno aseguraron que la actual administración encabezada por Layda Sansores San Román los ha presionado para firmar de forma voluntaria el cese en sus funciones, a pesar de que no ocupaban cargos como jefe de departamento, subdirector o director. Tres afectados compartieron a Por Esto! que los documentos donde se les notificó la baja, no cuentan con membretado y no explican a detalle la razón de la procedencia.
“Tal parece que solo engañó a la gente, Layda sólo quería llegar al poder para luego acomodar a sus allegados y uno que pensaba que ella quería hacer las cosas bien. Yo voté por ella, pero me arrepiento porque resulta que sin deberla ni temerla, ya me pidieron mi ‘renuncia voluntaria’ a pesar de que ya llevo más de 10 años de trabajo en administración; o sea, no soy directivo. Ella dijo que solo correría a los de alta categoría, pero mintió”, explicó vía telefónica un ciudadano que, por temor, pidió mantenerse en anonimato.
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Los casos por despidos injustificados han ocurrido en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado (DIF) y diversas dependencias. El más reciente se presentó en estos últimos días en las áreas administrativas del Congreso del Estado, sitio donde se han registrado al menos 30 personas, entre analistas, analistas especializados, jefes de departamento, subdirectores y directores.
Lamentaron que no llegan notificaciones sobre la baja y tampoco explican las razones, pese a que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que sólo será dado de baja un trabajador cuando “exista un motivo razonable de pérdida de la confianza, aun cuando no coincida con las causas; ésta sólo se aplicará a los trabajadores clasificados como de confianza”. Sin embargo, más del 60 por ciento de los ahora despedidos eran trabajadores de base.
Una mujer hizo llegar la documentación oficial a ésta casa editorial sobre el proceso de baja que enviaron en el Congreso local; en el cual se detalla la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, pero no explica las faltas que cada obrero tuvo y que serían suficientes para retirarlos de sus cargos.
Entre los afectados hay personal con historial de entre 10, 12, 15 y 20 años de servicio. Además, la hoja que se entregó no está membretada.
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JG