Las acciones de la Gobernadora Layda Elena Sansores San Román“van en sentido contrario al combate a la corrupción que promueven Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, acusó José Jesús Ortiz Arjona, al referirse sobre la reunión entre la mandataria estatal y Víctor Kidnie, electo secretario general de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), pese a las irregularidades denunciadas.
El integrante del Movimiento de Resistencia Civil planteó que existen quejas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) por lo que existe la posibilidad de declarar nulas las elecciones de la renovación de las dirigencias seccionales del sindicato.
Acción contraproducente
Describió que existe preocupación en el sector petrolero, ya que con la instalación de las oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Isla, proyectan un “boom” económico; sin embargo, el conflicto sindical puede afectar este proceso.
Expuso que “el pleito por la representación de la Sección 47 es verdaderamente encarnizada”, aunque existe interés del Ejecutivo Federal por erradicar “la corrupción que impera en este gremio”, sobre todo en Ciudad el Carmen donde regentean el organismo desde hace muchos años los mismos.
Apuntó que Víctor Kidnie, tiene un “historial bastante tenebroso”, además de la infinidad de demandas por los agravios, y que lo sostenía su cercanía con Carlos Romero Deschamps, por lo que calificó de “mucha preocupación” el espaldarazo en la reunión de hace unos días, que le dio la mandataria estatal, pese a que la STPS le negó la Toma de Nota, por las quejas de los trabajadores, por lo que presumen que habrá “nuevas elecciones”.
“Entonces es preocupante que Layda Sansores esté abrazando esta corrupción”, ya que no lucha en contra, lo que consideró totalmente opuesto a las acciones del Presidente de combatir a quienes incurren en este tipo de actos que afectan a los mexicanos.
Manifestó que expondrán ante la opinión pública las acciones que vayan en contra de las prácticas de Gobierno de combate a la corrupción, para que estén enterados de actos que dañan a la ciudadanía en general y a la administración pública.
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CC