La titular de la Unidad Administrativa Municipal, Penélope Guadalupe Sosa Lizama, abandonó su responsabilidad para saltar a la séptima regiduría tras la separación del cargo de la cabildante Ariana del Rocío Rejón Lara, por lo que el órgano encargado de las licitaciones y contrataciones de la comuna quedó acéfalo momentáneamente hasta que se designe un nuevo encargado.
Cabe mencionar que durante el 2019 la funcionaria protagonizó un “error” que pudo tener consecuencias ante los órganos de control estatal y federal, al permitir que las adjudicaciones realizadas hasta ese entonces fueran presentadas con montos inflados ante laPlataforma Nacional de Transparencia (PNT), polémica en la que también estuvo involucrada la titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública (UMAIP), Marisol Campos Garduño.
Durante la Cuadragésima Sesión Extraordinaria de Cabildo realizada el día de ayer, fue aprobada la separación del cargo para la tercera regidora Domitila Rico Camacho y la séptima regidora Ariana del Rocío Rejón Lara.
Las solicitudes de separación por cuestiones personales fueron aprobadas por unanimidad de los 14 cabildantes, por lo que existió quórum legal; asimismo quedó autorizado ceder su lugar en el cuerpo edilicio a sus suplentes.
Los sitios serán ocupados por la suplente de la tercera Regidora, Yolanda González Barceló, y de la séptima Regidora, Penélope Guadalupe Sosa Lizama, quien encabezaba la Unidad Administrativa; en la próxima sesión deberán rendir protesta y tomar sus lugares dentro del Cabildo Municipal 2018-2021.
Irregularidades
En agosto de 2019, Sosa Lizama y Campos Garduño realizaron una rueda de prensa donde admitieron haber cometido errores en el ingreso de datos sobre el uso de recursos públicos en contratación de servicios y adquisiciones del ayuntamiento ante la Plataforma Nacional de Transparencia.
Cifras de miles de pesos fueron convertidas en millones al colocar ceros de más a los montos de los procedimientos que había realizado hasta el momento la administración del priista Óscar Rosas González, y que fueron reportados ante la PNT.
Pese a su responsabilidad en la equivocación en materia de transparencia, que pudo desembocar en alteración de procedimientos de compra y adjudicaciones con recursos municipales, estatales y federales, las funcionarias se excusaron con un presunto “hackeo” del que nunca presentaron pruebas ni levantaron la denuncia pertinente.
SY