Campeche es una de las entidades con mayor estado de derecho en México. Sin embargo, todavía existen áreas de oportunidad en las que debe trabajar, como la protección efectiva de derechos humanos, la justicia penal y un gobierno abierto eficaz.
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020 publicado por el World Justice Project (WJP), el cual ofrece datos organizados en ocho factores que marcan el estado de derecho, Campeche se posicionó en el cuarto lugar a nivel nacional, con una puntuación de 0.43.
Los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al estado de derecho, pero ningún estado llega a una calificación perfecta. Por ejemplo Yucatán, que encabeza el ranking, obtuvo un puntaje de 0.46, lo cual significa que todas las entidades del país tienen retos por delante.
En el caso de Campeche, donde se hicieron 800 entrevistas a la población entre abril y agosto de 2019, se obtuvieron puntajes por encima del promedio nacional en cinco de los ocho factores evaluados.
En el primer factor se midieron los límites del poder gubernamental, los pesos y contrapesos institucionales de quienes gobiernan. Aquí, la entidad se ubicó en séptimo lugar, con una puntuación de 0.46.
El Índice también midió la ausencia de corrupción, donde Campeche obtuvo una puntuación de 0.39 y se posicionó en el lugar nueve de la lista a nivel nacional. En este factor se consideran tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas, y la apropiación indebida de recursos públicos.
La población entrevistada también opinó sobre el orden y seguridad que sienten en la entidad, Campeche obtuvo una puntuación de 0.53, que lo posicionó en el quinto lugar a nivel nacional. En este indicador se preguntó a las personas su percepción sobre la ausencia de homicidios, crimen y si se sienten seguras.
Los investigadores midieron el cumplimiento regulatorio de la entidad; es decir, si la normativa y las regulaciones en temas como salud pública, seguridad en el lugar de trabajo, protección del medio ambiente y actividad comercial. La puntuación en este factor fue de 0.43, que dejó a Campeche en el cuarto lugar.
En justicia civil, la puntuación fue de 0.41; en este indicador Campeche ocupó el lugar cinco del ranking. La población opinó si pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil.
Calidad de Justicia penal, el mayor problema
El Índice deja ver que uno de los principales problemas para Campeche es la mala calidad del sistema de justicia penal, pues se posicionó en el lugar 22 a nivel nacional, porque en este factor obtuvo una puntuación de 0.35, menor a la media nacional que es de 0.38.
Para medir la calidad de justicia penal, se tomaron en cuenta varios aspectos: la eficaz investigación de los delitos por parte de la policía (puntuación de 0.20); que los sistemas de procuración y de impartición de justicia fueran expeditos y eficaces (puntuación 0.34); derechos de las víctimas (puntuación 0.44); debido proceso legal (puntuación 0.38); justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción puntuación 0:39) y que el sistema penitenciario garantice la seguridad y el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad (0.33).
Derechos Humanos
Otro de los factores en los que Campeche obtuvo calificaciones por debajo del promedio, que lo ubicaron en los últimos lugares del ranking, fue la poca protección efectiva de los Derechos Humanos. La puntuación fue de 0.49 y ocupó el lugar 20 a nivel nacional.
En este apartado se midieron varios aspectos, entre ellos el derecho a la libertad religiosa y de culto, donde la puntuación fue más baja (0.31); también existe un problema en la protección de derechos laborales (0.37), en la protección del derecho a la vida y a la seguridad (0.38), en la discriminación (0.45), en la protección del derecho a la privacidad (0.58) y el derecho a la libertad de opinión y expresión (0.80).
Por último, el Índice mide la calidad del Gobierno Abierto, donde Campeche ocupó el lugar 21 con una puntuación de 0.37. En este apartado se midió la participación ciudadana y el derecho a la información pública.
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JG