El gobierno de Campeche propuso un acuerdo amistoso para resolver la controversia constitucional 226/2019 entre Quintana Roo y Yucatán, como una medida alterna de solución de conflictos, reveló la consejera jurídica Olivia del Carmen Rosado Brito al precisar que ya se entregó el planteamiento y están en espera de la respuesta.
Durante la glosa del VI Informe de Gobierno, al exponer el proceso que lleva la controversia constitucional en el que Campeche participa como tercero interesado a consecuencia del decreto 303 que emitió el Congreso de Quintana Roo en donde se mueve el Punto de Unión Territorial (PUT), con lo que de Chemax a Valladolid, se incorpora como territorio quintanarroense, motivo por el cual Yucatán interpuso su denuncia, subrayó que el estado defiende su territorio; sin embargo, también privilegia la posibilidad de un acuerdo amistoso.
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Aunque no especificó qué día entregaron la petición al Gobierno de Quintana Roo, dijo que están en espera de la respuesta, ya que con la reforma al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral también se incorpora medios alternos de solución de conflictos a las controversias constitucionales.
Por lo que la Consejería Jurídica elaboró la propuesta de acuerdo amistoso y mediante la Secretaría General de Gobierno se hizo entrega del oficio, donde se propone este mecanismo para solucionar la controversia constitucional.
Lo anterior ante el exhorto que hizo el Congreso de la Unión para que en este tipo de conflictos los estados puedan llegar a la solución de controversias, mediante acuerdos amistosos.
Reiteró con las modificaciones con el nuevo sistema penal acusatorio y oral también se reformó el artículo cuarto de la Constitución, donde se establecen estos mecanismos alternos de solución.
Indicó que pese a la propuesta de solución amistosa, el estado lleva a cabo las acciones jurídicas como parte de tercero interesado en la controversia 226/2019 que presentó Yucatán por el decreto 303 del Congreso de Quintana Roo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Aportaron las pruebas documentales solicitadas desde el censo de 1861, los convenios de separación en 1862 que se ratificó en 1873 y la documentación
Se constituyó la Comisión para la Atención del Conflicto Limítrofe el 11 de septiembre de 2019 con la Consejería Jurídica, para la atención de la controversia sin contratar despachos de abogados y que se realice la defensa jurídica del territorio campechano, con la misma estructura estatal que otorga la ley al gobierno del estado.
Explicó que se entregaron pruebas en arqueología, lingüística e histórica y faltan las referentes a topografía, geotermia, criptografía y de posicionamiento para continuar con el desahogo de pruebas.
Además de las acciones conjuntas que se hacen con los municipios de Calakmul y Hopelchén que tienen frontera con Quintana Roo y Yucatán tanto en el aspecto jurídico como de difusión en las Universidades de Calakmul y Campeche, de lo que representa la controversia constitucional 226/2019 para explicar que no es el mismo procedimiento jurídico que se tuvo en años anteriores.
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JG