La demanda de agua potable en las comunidades de Felipe Ángeles, Caña Brava y Guillermo Prieto, en la zona fronteriza con Quintana Roo, debe hacerse realidad este año, ya que el vecino Estado tiene los estudios preliminares de la infraestructura con un costo de 140 millones de pesos que beneficiaría a 10 poblaciones en total, adelantó el asesor jurídico de los habitantes, Andrés Blanco Cruz.
En representación de los pobladores, presentó un recurso de amparo para contar con agua potable como un derecho humano, por lo que los juzgados federales de Chetumal resolvieron en los documentos 1082/2019, 1081/2019 y 1097/2919 que Quintana Roo tenía la obligación de proporcionar el servicio, por lo que el Congreso quintanarroense aprobó una partida de 100 millones de pesos para la obra.
Aunque el Gobierno de Campeche presentó el recurso de queja 1/2021 CC, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde impugnaba la resolución de los Jueces Federales, con el fundamento derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 226/2019 (por el conflicto limítrofe), el Poder Judicial Federal resolvió que la razón era a favor de las comunidades que exigen la dotación de agua potable.
Cuestionado sobre el proceso de solicitud de la obra, Blanco Cruz precisó que a fin de mes deben presentarse los estudios técnicos para la obra, que tendrá un costo de 140 millones de pesos, lo que permitiría beneficiar a 10 comunidades de la zona limítrofe.
Aunque el amparo sólo lo tramitaron las poblaciones de Felipe Ángeles, Guillermo Prieto y Caña Brava, será extensivo el beneficio para siete asentamientos urbanos más, ya que tampoco cuentan con agua potable.
Reveló que la propuesta de infraestructura hidráulica es construir un acueducto de aproximadamente 35 kilómetros, que cruzaría por las 10 comunidades.
A la fecha, agregó que la dotación del servicio la realizan mediante la entrega de pipas de agua cada 15 días a la población de Caña Brava, mientras que bombean el líquido tres veces a la semana, mediante un acueducto, para las de Felipe Ángeles y Guillermo Prieto.
Este acueducto fue construido por Quintana Roo hace 30 años; sin embargo, su vida útil era de 10 años, por lo que mediante este sistema bombean el líquido a las dos poblaciones citadas.
De acuerdo con el profesionista, en términos legales, “no hay ningún impedimento” para que el Gobierno de Quintana Roo realice la obra, ya que el recurso de queja interpuesto por el Gobierno de Campeche ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue desechado por los jueces federales.
Reiteró que las tres poblaciones que presentaron el amparo y las siete que están en el trayecto del acueducto nuevo, deben contar con el servicio mediante la obra de infraestructura que ordenó construir un Juez Federal, ya que es un derecho humano contar con agua potable.
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jcl