Durante el 2021, solamente el 4.5 por ciento de las denuncias presentadas contra servidores públicos fueron judicializadas en Campeche, es decir, apenas pudo vincularse a proceso a 18 personas, dijo la titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, Silvia Moguel Ortiz. Agregó que el año pasado fueron presentadas aproximadamente 400 denuncias por delitos de carácter general.
“A nivel nacional, así como en Campeche, los crímenes contra los ciudadanos son los que tienen mayor presencia, esto son cometidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) o en su caso por los burócratas en las dependencias de gobierno quienes incurren constantemente en estos maltratos contra la gente”, explicó.
De las 18 denuncias que han sido judicializadas, Moguel Ortiz no detalló cuántos asuntos ya han concluido su proceso de investigación, pero aseguró que ya hay “algunos casos”, ya sea porque el juez emitió la sentencia correspondiente, porque hubo un arreglo para el resarcimiento de los daños ocasionados entre las partes involucradas, o en su caso, porque hubo una suspensión provisional del proceso.
Refirió que las denuncias presentadas ante esta fiscalía -sin especificar cuántas- son, en su mayoría, contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ya que sus elementos policiacos actúan indebidamente contra los ciudadanos, quienes vulneran los derechos humanos y presentan un alto número de quejas de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes a través de sus agentes ministeriales, en su llegada a algún predio, allanaron las viviendas de la gente sin tener una orden de cateo correspondiente.
Una constante que hay ante esta situación, es que el ciudadano es el que acude a esta Fiscalía para hacer la denuncia, pero éstas, versan esencialmente en que los agentes de seguridad pública les piden dinero, los aprehenden sin haber cometido un delito, les retiran sus pertenencias como los teléfonos celulares, sus carteras o algún otro objeto de valor que porte la gente en ese momento.
De acuerdo con lo estipulado en el Código Penal Federal en el artículo 215, comete abuso de autoridad quien obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, un sueldo o remuneración, dádivas u otros bienes, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, así como de setenta hasta cuatrocientos días multa, es decir 69 mil 148 pesos, y la destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión público.
En el Informe Situacional de Derechos Humanos, mismo que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indica que desde el 2011 al 2021 han presentado 105 hechos violatorios señalados en los expedientes de queja al estado de Campeche, los cuales se dividen en 20 por detención arbitraria, 16 por prestar indebidamente el servicio público, 16 por falta de legalidad y honradez en el actuar, 13 por trato cruel, degradante o inhumano, 11 por emplear indebidamente la fuerza pública, nueve por incumplir formalidades en órdenes de cateo o visitas a domicilio, ocho por no fundar el actuar de la autoridad, entre otros.
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JG