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Sólo un grupo minoritario de 10 o 15 personas son las que se han opuesto a que la jueza del Registro Civil (RC) de Atasta Pueblo, Amairani Baqueiro May realice sus funciones y esto perjudica a unas 450 familias de la comunidad para realizar trámites como actas certificadas de nacimiento y matrimonio, así como asentar a los recién nacidos; además, el comisario ejidal Herminio Munguía se ha negado a entregar las llaves del lugar, pese a que se ha pretendido llegar a negociaciones.
Esto lo mencionaron Jacinto Hernández Pérez y Manuel Benítez Cruz, habitantes de la localidad, junto con el presidente de la Junta Municipal de Atasta, Ermilo May Rodríguez.
Hernández Pérez y Benítez Cruz señalaron que el fin de semana llegaron a Atasta Pueblo, el juez del Registro Civil de Carmen, José Julián Zavala Martínez, y el representante del subsecretario C del Gobierno del Estado, para buscar una solución al problema que exponen algunas atastecos; sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. Parte de la problemática proviene de la familia de Diego Jiménez May, empleado sindicalizado de esa dependencia, que asegura que lo quieren despedir.
Añadieron que las autoridades señalaron que a Diego Jiménez no lo despedirán porque es sindicalizado y explicaron que a quien van a liquidar es a Omar Ruiz, que es de confianza, y que todo el personal de confianza de la administración estatal pasada ya fue liquidado. De igual forma le pidieron al comisario ejidal que entregue las llaves del Registro Civil, pero se rehusó.
Señalaron que este conflicto afecta a toda la población, y que el grupo que se ha opuesto a que Amairani Baqueiro ocupe la Oficialía del RC es familiar de la diputada Landy Velázquez May, del Distrito XX.
Por su parte, May Rodríguez expresó que el nombramiento o la asignación de la Oficialía del Registro Civil de Atasta le compete al Gobierno del Estado; sin embargo, la comisaría ha sido mediadora, sólo que al parecer existe un conflicto personal con Baqueiro May y no le permiten que labore en las oficinas que se encuentra en el local del comisariado, por eso fue trasladada a las oficina de Ciudad del Carmen, donde atiende a las familias atastecas; pero esto representa gastos para los ciudadanos porque tienen que pagar para trasladarse a la Isla.
Abundó que los ciudadanos deben evitar conflictos de este tipo, para no perjudicar a otras familias, principalmente las de bajos recursos.
Mientras este dilema se resuelve, los trámites siguen diferidos en la cabecera municipal y existe la posibilidad de que por razones políticas el embrollo se complique.
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JG