“Si la gobernadora Layda Sansores San Román tiene pruebas de las acusaciones que hizo en su programa televisivo ‘Martes de Jaguar’ que proceda ante las instancias correspondientes”, aseguró la secretaria general de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud (SNTSA), Martha Albores Avendaño, pero en caso de que no tenga nada de evidencia, que la deje trabajar, advirtió.
“Las acusaciones en los medios no se litigan, las acusaciones se tienen que hacer de manera formal ante las instancias correspondientes si se incurrió en algo indebido, si quiere que se le aclare algo, lo haremos cuando ella disponga, si es que hubo algo o alguien que se hubiera afectado”, refirió Albores Avendaño.
En exclusiva a Por Esto!, dijo que no tiene intenciones de caer en el juego de dimes y diretes que cada semana hace Sansores San Román ante la carencia de resultados en su administración, y añadió que si “va a dar una nota, que sea con bases” y no poner como premisa la descalificación infundada, y si sólo quiere hacer “cacería de brujas”, que la haga, pero que deje trabajar a las personas que tienen pendientes por atender.
Sin embargo, en ningún momento explicó si los predios que se le imputan efectivamente son de su propiedad.
El delito se tiene que comprobar
Por su parte, el presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche, Manuel Iris Balan, aseguró que, si se llega a comprobar que Martha Albores Avendaño incurrió en delitos de corrupción, configurado como uso ilícito de atribuciones y facultades, se le podría imponer de seis meses a 12 años de prisión, así como de 30 a 150 días multa.
“Nuestro Código Penal dice específicamente que el servidor público que indebidamente otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado o de los municipios, además de permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico, en beneficio de sí mismo o de algún familiar directo, podrá ser juzgado por el delito de uso indebido de atribuciones”, explicó.
Por ser delito del orden común, cualquiera puede acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) con la documentación de los inmuebles, como el contrato de arrendamiento con la fecha del convenio y el monto a pagar y una copia del título de propiedad de la persona para acreditar la posesión del mismo para que se inicie la investigación.
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JG